"Una vez más, estamos ante un Gobierno que parece más preocupado por sus propios intereses que por los intereses generales. Los guardias civiles no pueden trabajar en las calles sin el respaldo del principio de autoridad. ¿Cómo pretende que hagamos nuestro trabajo si nos deja atados de pies y manos?", se pregunta la asociación APROGC.

"Necesitamos herramientas para desempeñar nuestras funciones con seguridad, especialmente en un momento en el que las agresiones contra los guardias civiles aumentan año tras año. Creemos que es urgente reforzar el principio de autoridad y realizar las modificaciones necesarias en el Código Penal para endurecer las penas por agresiones a los agentes. Pedimos que todos los agentes de servicio en la calle dispongan de cámaras personales. Si el Gobierno y sus socios creen que los guardias civiles atropellamos los derechos de los ciudadanos, nosotros solicitamos llevar cámaras para demostrar lo contrario: son las patrullas las que sufren agresiones verbales y físicas en determinadas intervenciones".

"El Gobierno está completamente equivocado en la dirección que ha tomado. En lugar de dejarnos desprotegidos jurídicamente, debe blindarnos legalmente y proporcionarnos material adecuado, como cámaras, táseres, vehículos, barcos y, sobre todo, personal", concluyen.