Google y WhatsApp ya han puesto en marcha los mecanismos necesarios para recuperar los mensajes borrados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los días en que se produjo la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha puesto de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sendos oficios en los que ratifica que las dos compañías tecnológicas han tramitado ya la petición del magistrado Ángel Hurtado -que investiga a García Ortiz por revelación de secretos-.

El pasado 17 de febrero, la unidad policial trasladó al juez que a tenor de su petición de conservación de los datos, acordada el pasado enero mediante sendas comisiones rogatorias a Irlanda (donde se encuentran las sedes de las dos sociedades), WhatsApp dio respuesta a esa solicitud de datos "aportando el número de caso". En esas fechas, Google Inc no había confirmado todavía la conservación de esos datos.

Pero la respuesta de Google también ha llegado, según puso de manifiesto la UCO en otro oficio, este fechado ayer mismo, que deja constancia de que "se ha recibido la oportuna respuesta de Google Inc, confirmando que se ha procedido a lo solicitado y aportando el número de caso".

El juez le ha reprochado su "falta de colaboración"

El instructor reclamó a ambas compañías la conservación de los mensajes borrados por García Ortiz en las fechas clave de la filtración (el 14 de marzo de 2024) del correo en el que la defensa de González Amador admitía el 2 de febrero del pasado año el fraude tributario por el que está investigado. El fiscal general esgrimió un protocolo interno de protección de datos por razones de seguridad para justificar la eliminación de esos mensajes. Pero en sus declaraciones judiciales, tanto la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como el fiscal que investiga al novio de Ayuso por fraude fiscal, Julián Salto, afirmaron desconocer ese protocolo.

Posteriormente, la UCO constató que también había cambiado de móvil apenas una semana después de que el Tribunal Supremo abriera una causa penal contra él y que incluso había borrado también las copias de seguridad de esos mensajes.

El fiscal general ha intentado sin éxito que Hurtado desista de recuperar esos mensajes al oponerse a la petición de información a Irlanda, pero el juez le recordó que ha sido necesario librar esas comisiones rogatorias (petición de auxilio judicial internacional) precisamente por su "falta de colaboración". El instructor rechazó que esta solicitud de datos sea indiscriminada, desproporcionada e innecesaria, como defiende la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz.

Medida "razonable y coherente"

"Ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona", defendió Hurtado la necesidad de librar esas comisiones rogatorias.

El magistrado ha defendido esta medida como "razonable y coherente" para recuperar esa información de los móviles utilizados por el fiscal general, quien según expuso "ha podido hacer desaparecer", para que la UCO analice esos mensajes entre el 8 y el 14 de marzo del pasado año.

Una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), pidió al juez que en lugar de solicitar esos datos a Irlanda los reclamara -para agilizar así la investigación y evitar la intervención del Gobierno en la tramitación, dado su "interés directo" en el asunto- a las sedes de Google y Meta (dueña de WhatsApp) en España. Pero Hurtado se negó, al no constarle que las delegaciones en nuestro país de ambas empresas "tengan capacidad y medios para ejecutar lo que se solicita", por lo que recurrir a ellas podría acarrear -advertía- "una mayor dilación" en la instrucción del procedimiento.