El Gobierno vasco concede dos terceros grados más a etarras y la Fiscalía no recurre

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado públicamente este lunes que el Gobierno Vasco ha concedido dos nuevos terceros grados a sendos presos de ETA, concretamente, a Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta. Estas dos últimas decisiones suman 87 progresiones de 69 etarras condenados.

En el caso de Otegi, se trata de la segunda decisión tras una primera revocación por parte de la Audiencia Nacional y, aunque explica la asociación que es cierto ostenta los criterios que se venían exigiendo por la Fiscalía, no ha cumplido con tres cuartas partes de la condena que exige la ley al haber cumplido solo en nuestro país 16 de los 22 años y medio exigidos. Por su parte, Sáez de la Cuesta ha cumplido 23,5 años de su sentencia de los 30 años fijados.

Desde la AVT observan con preocupación el crecimiento exponencial de las autorizaciones de progresiones de grado en presos etarras desde el pasado mes de septiembre dado que el Gobierno vasco ha concedido ya siete en apenas dos meses.

Subrayan especialmente como un hecho alarmante e inaceptable que ninguna de estas siete progresiones ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal. De hecho, explican, desde que el presente responsable de estas decisiones ostenta el cargo como representante del Ministerio Público, no se ha recurrido ninguna progresión.

Alertan que si al crecimiento exponencial de terceros grados se le suma que no el Ministerio Público no va a recurrir ninguno, el resultado -dicen- será que en pocos meses todos los presos de ETA ya disfrutarán de la semilibertad.

Desde la AVT exigen que, tanto por parte de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco como por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se vuelva a una interpretación rigurosa de legislación penitenciaria que no favorezca la puesta en libertad de los miembros de ETA presos antes de que cumplan con sus límites máximos de cumplimiento de las condenas. Aceptan que no cumplan más de 30 o 40 años, pero no consideran tolerable que cumplan menos días de los que legalmente les corresponden.

A esto añaden su preocupación por el ritmo creciente de concesiones de libertades condicionales por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Cuatro libertades condicionales concedidas en el mes de octubre y "otras tantas" de las que tienen constancia que están siendo gestionadas.

"Las víctimas del terrorismo siempre hemos confiando en el Estado de Derecho para hacer justicia a nuestros seres queridos asesinados, y aunque haya decisiones que nos cueste comprender, si son legales, las aceptamos resignadas", afirman en un comunicado.

Lo que sí piden es que la legislación y la política penitenciaria no se conviertan en la puerta de atrás del derecho penal y vacíen de contenido las condenas fijadas en sentencia.

"Con el cariz que está tomando esta situación, tememos volver a los viernes de dolores a los que nos acostumbró el Gobierno de Sánchez con los acercamientos de presos ahora que la competencia penitenciaria está en manos del Partido Socialista de Euskadi (PSE)", lamentan desde la asociación.

Denuncian, asimismo, que una vez más las víctimas se ven en la tesitura de tener que denunciar "los privilegios de nuestros verdugos, mientras a nosotras se nos intenta borrar del mapa".