El Gobierno rectifica y pacta con Junts un decreto social recortado

Pedro Sánchez se ha quedado solo en su cálculo político de instrumentalizar a los pensionistas y a los perceptores de ayudas para tratar de debilitar la posición del PP. La presión de los socios, de la oposición y la percepción de lo arriesgado del movimiento han llevado al presidente a ceder en el pulso que había emprendido con Junts. El Gobierno y los de Carles Puigdemont han alcanzando un acuerdo para aprobar hoy mismo un nuevo decreto social recortado. En Moncloa han asumido que la batalla del relato que habían emprendido, endosando toda la responsabilidad a la oposición por la caída de las medidas, no estaba dando sus frutos y se han visto obligados a retroceder.

Hasta anoche, fuentes gubernamentales mantenían que no se aprobaría un nuevo decreto social en el Consejo de Ministros de esta mañana. Se mantenían firmes y se aferraban a la necesidad de buscar una nueva "fórmula" para lo que reclamaban "tiempo". Es más, aseguraban que de llevarse a cabo su aprobación en el futuro, sería el decreto completo, con el mismo contenido que decayó el miércoles en el Congreso. Sin embargo, esta mañana se ha producido un nuevo giro en la estrategia. Sánchez ha dado marcha atrás y ha trasladado la orden de que salga adelante, recortando aquello que permita conseguir el apoyo de los de Carles Puigdemont. El riesgo que asume el Gobierno es que por conseguir el apoyo de los aliados a su derecha, Junts, se tensione la cuerda con los de la izquierda -Sumar, Podemos, ERC, BNG o EH Bildu- que rechazan cualquier menoscabo en las medidas del escudo social. El diseño del decreto se ha perfilando en una reunión del Gabinete que se ha dilatando más de lo habitual y tras su finalización se prevé que sea el propio Sánchez quien comparezca para explicar los pormenores del acuerdo.

En las últimas horas, Junts ha sido claro en su posicionamiento. Estaban dispuestos a dar sus votos para aprobar un nuevo decreto, pero limitado a un póker de iniciativas: revalorización de las pensiones, ayudas a la DANA, ayudas al transporte público y el salario mínimo. Dejando fuera otras dirigidas a colectivos vulnerables para evitar, por ejemplo, los desahucios en casos de extrema fragilidad. Un contenido recortado cuyos pormenores se han pactado durante la mañana. De hecho, se ha producido un retraso en el Consejo de Ministros para tratar de dar más margen a la negociación y no dilatar una semana más la aprobación de las medidas. Una vez que el Gobierno apruebe el decreto, estas medidas entran en vigor al día siguiente, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque tendrá que ser refrendado con apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de un mes.