García Ortiz ordena a los fiscales del "procés" que informen a favor de la amnistía a Puigdemont y Junqueras

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los fiscales del "procés" que informen a favor de la aplicación de la Ley de Amnistía a todos los condenados y procesados por el desafío independentista en Cataluña, entre ellos Oriol Junqueras -quien aunque indultado sigue inhabilitado- y el fugado Carles Puigdemont, cuya orden de detención nacional mantiene vigente el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena. García Ortiz insta así a los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno a que avalen que ante Llarena y la Sala Penal del Tribunal Supremo -que han preguntado a las partes de la causa del "procés" si la medida de gracia es aplicable al procedimiento y con qué alcance- "que los delitos objeto de imputación y condena" en esta causa "se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación" de la ley.

Según el fiscal general, los fiscales del Supremo "confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables". Para García Ortiz, "el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial"".

Del mismo modo, discrepa de otra de las conclusiones de los fiscales del "procés" al defender que "los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea", otra de las causas de exclusión de la amnistía respecto al delito de malversación. Ahora, los cuatro Fiscales -que no están dispuestos a variar su criterio- deberán responder por escrito a García Ortiz si acatan esta orden o por el contrario -como previsiblemente sucederá- invocan el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que forzaría la intervención de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes para pronunciarse sobre la controvertida cuestión.

En su informe, los cuatro fiscales respaldan que la Ley de Amnistía se aplique a los delitos desobediencia y de desórdenes públicos, pero ven "improcedente" que ampare al de malversación, una decisión que consideran "contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma".

Los fiscales rechazan dejar sin efecto las medidas cautelares

Y es que, según insisten, la malversación del "procés" es equiparable a la que se comete con enriquecimiento ilícito -en su modalidad, por tanto, agravada- al haberse producido una apropiación de fondos públicos para fines distintos a los legalmente establecidos. Además, creen que la ley tampoco sería aplicable por afectar esa malversación a los intereses financieros de la Unión Europea. En consecuencia, se oponen a que se levanten las medidas cautelares que incluyen la orden de detención nacional de Puigdemont.

Solo en el caso de que el Supremo considere que la Ley de Amnnistía debe aplicarse también al delito de malversación los fiscales del "procés" apuestan por plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que se pronuncia, o acudir al Tribunal Constitucional para que determine si la norma es contraria a la Carta Magna, lo que en ambos casos suspendería la aplicación de la medida de gracia al procedimiento.

El pasado martes, el juez Llarena, instructor de la causa del "procés", dio cinco días a Fiscalía, Abogacía del Estado, Vox y las defensas de los procesados para que informen sobre la aplicación de la normativa a este procedimiento y avisó a la Policía de que las órdenes nacionales de detención de Carles Puigdemont y de los otros tres procesados fugados, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y la secretaria general de ERC Marta Rovira, siguen en vigor.

El Tribunal Supremo espera respuesta

Ese mismo día, fecha en la que entró en vigor la amnistía, la Sala Penal del Tribunal Supremo también solicitó la opinión de las partes al respecto. De ahí que la Fiscalía tenga que pronunciarse la próxima semana. Al margen del pronunciamiento de la Junta de Fiscales de Sala, la última palabra la tendrá el fiscal general, que en abierta contradicción con los fiscales del caso considera que la Ley de Amnistía debe amparar a todos los condenados y procesados, y no solo a aquellos a los que se imputan delitos de desobediencia y desórdenes públicos, y que las medidas cautelares deben dejarse sin efecto.

A efectos prácticos, si el Tribunal Supremo coincide con los fiscales en que la medida de gracia no puede aplicarse a la malversación del "procés", Oriol Junqueras seguiría inhabilitado hasta 2031 (dado que el indulto parcial solo afectó a la pena de prisión), lo que le impediría concurrir como candidato a unas elecciones (con la sombra de una repetición electoral planeando sobre la política catalana).

Y en cuanto a Puigdemont, al mantenerse en vigor la orden nacional de detención contra él, sería detenido si regresa a España -como tiene intención de hacer para la sesión de investidura en el Parlament- y sería conducido ante el juez Llarena, que le comunicaría su procesamiento, desbloqueando la tramitación de la causa y acercando su enjuiciamiento en el Tribunal Supremo.