La comisión interministerial constituida formalmente ayer por el Gobierno tiene la misión de acometer los cambios previstos por la Ley de Memoria Democrática en el Valle de Cuelgamuros. Ante este paso ya oficial anunciado por el ministro Ángel Víctor Torres, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha escrito una carta pública dirigida al nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, con la esperanza de amparo en las más altas instancias de la Iglesia Católica en Roma: el propio Papa Francisco.

"Acudimos a su Reverencia muy preocupados y buscando su auxilio por lo que estamos viendo y oyendo en los medios de comunicación sobre el futuro del Valle de los Caídos, al que se pretende convertir en un cementerio civil y “resignificarlo”, arranca la misiva, que firma Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la FNFF.

Recuerda el texto que "hay enterrados alrededor de 34.000 personas, de las cuales hay 15 siervos mártires y 57 beatos elevados a los altares por San Juan Pablo II, Benedicto XVI y por el actual Papa Francisco".

"No cabe en cabeza humana que beatos, siervos mártires y familiares de los de allí enterrados (al margen de ese número ínfimo de los que quieren exhumar de allí a sus difuntos) puedan estar enterrados fuera de lugar sagrado", denuncia Chicharro.

No falta una referencia a "cómo se violaron las sepulturas de Franco y José Antonio" y la visita del presidente del Gobierno -el pasado 4 de abril- "con un mono blanco delante de una mesa con fémures, caderas, calaveras, etc. de restos de los allí enterrados".

Algo, considera el firmante, "difícilmente reconciliable con la 7ª obra de misericordia corporal: “Enterrar a los muertos”.

Asimismo apunta cómo "el beato Juan XXIII eleva al honor y dignidad de basílica menor la iglesia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos el día 7 de abril de 1960", de modo que "siendo el Valle de los Caídos lo que es, resulta impensable que se “resignifique” y pase a ser otra cosa".

Pero especialmente pone el acento el presidente de la entidad -amenazada de extinción por el Gobierno- en los "Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede", y de entre ellos, en el artículo 1-5, cuyo tenor literal es: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad…”.

“Acuerdos” que "si se suscribieran con otros Estados se llamarían Tratados Internacionales", apostilla.

En este sentido, continúa Chicharro, "de acuerdo con la Pirámide de Kelsen, la jerarquía normativa, donde los Acuerdos con la Santa Sede están por encima de cualquier ley orgánica u ordinaria, se debe respetar la prelación de normas con sometimiento de las normas de inferior rango a las de superior rango, prevaleciendo siempre frente a otras de inferior rango, como puede ser la Ley de Memoria Democrática, origen y causa de este desatino".