La Fiscalía pone cifras a la polémica de Vinícius: las investigaciones por racismo se duplican en 2023

En plena polémica por las palabras de Vinícius sobre el racismo en España cuestionando la celebración del Mundial 2030 en nuestro país por este motivo, la memoria de la Fiscalía -que se ha dado a conocer hoy- revela que las investigaciones por delitos de odio se dispararon un 207% el pasado año, siendo el principal motivo de discriminación el racismo, cuyas diligencias se han duplicado respecto a 2022, pasando de 67 a 138. La mayoría (191, un 37%) se corresponden con hechos cometidos a través de internet y las redes sociales, según expone la memoria.

La Fiscalía matiza no obstante que esa información se corresponde con los datos recopilados por los fiscales provinciales especialistas en delitos de odio "de forma manual y artesanal" dado que "los sistemas informáticos y de la Fiscalía en el conjunto del territorio no tienen prevista la clasificación ni la cuantificación de las denuncias y procedimientos por delitos de odio y discriminación", lo que no permite conocer "de forma sencilla y rápida" ni los asuntos incoados a lo largo del año ni los que se encuentran en trámite. Una carencia, advierte el Ministerio Público, por la que "se pierde información muy valiosa para tener cuantificada debidamente esta realidad criminal".

Por otra parte, y para contextualizar esos datos, fuentes de la Fiscalía General del Estado recuerdan que "obviamente no todas las diligencias incoadas acaban en procedimientos judiciales". No obstante, la memoria incide en que estas estadísticas son "imprescindibles" para conocer con exactitud el número de delitos de odios que se cometen y para "poner cifras al sufrimiento humano, máxima en víctimas caracterizadas por no haber tenido siempre la suficiente voz y rostro".

En todo caso, el racismo (55) y la xenofobia (80) acaparan también -junto a la orientación sexual o de género (42)- la mayor parte de los motivos que sustentaron las 204 denuncias o querellas interpuestas por el Ministerio Público, que multiplicaron por cinco las 43 interpuestas el ejercicio anterior, "lo que supone un espectacular crecimiento". Lo mismo sucede con los escritos de acusación de la Fiscalía (aunque en este caso se corresponden con hechos que se produjeron en años anteriores), donde el racismo y la xenofobia aglutinan 78 de los 210 escritos de calificación presentados por la acusación pública en 2023.

Del mismo modo, las 157 sentencias (138 de ellas en primera instancia) dictadas por delitos de odio y discriminación (la inmensa mayoría, 129, condenatorias) también se impusieron en su mayoría por motivos de orientación sexual (36 de las 138 en primera instancia), racismo (35) y nación (23). "Es racismo y nación (xenofobia) -constata la Fiscalía respecto a esas resoluciones- el principal motivo de discriminación, seguido de orientación sexual e identidad de género".

Antisemisitmo, antigitanismo y aporofobia

En cuanto a las principales diligencias de investigación incoadas el pasado año, 218 se corresponden con delitos de fomento, promoción, incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia, mientras que 210 se sustentan en la lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios y otras 42 en delitos de cualquier naturaleza donde se aprecia discriminación. En 22 de los casos, las diligencias se abrieron por delitos de denegación de prestaciones en el ámbito de un servicio público o en actividades empresariales o profesionales.

Además del racismo, los motivos nacionales (130, pese a que no se registró ninguna diligencia por este motivo en 2022) y la orientación sexual (90 frente a 59 del ejercicio anterior), las diligencias hacen referencia a casos de antigitanismo (48), religión y creencias (31), ideología (30), antisemitismo (26), razones de género (19), discapacidad (12), aporofobia (rechazo a las personas pobres) o exclusión social (4) y enfermedad (1).

La memoria de la Fiscalía constata que en 2023 fueron archivadas 171 diligencias de investigación "por no lograrse identificar el autor o no estar acreditadas las circunstancias del delito denunciado".

En relación a las 204 denuncias interpuestas por la Fiscalía por estos delitos, en 37 de ellas (el 18%) los hechos se cometieron a través de internet o las redes sociales. En este caso son los motivos nacionales (80) los que acaparan la mayor parte de diligencias, seguidos del racismo (55) y la orientación sexual (42).

Lo mismo sucede con los escritos de acusación (210 frente a los 191 del año anterior). La Fiscalía General del Estado advierte en la memoria de que esta estadística (en la que el racismo y la xenofobia suman 78 de esos escritos de calificación) "se corresponde con hechos sucedidos años atrás, no debiéndose comparar sus cifras con el volumen de hechos denunciados" en 2023.

Una estadística similar se refleja en las sentencias condenatorias (110 de las 138 resoluciones en primera instancia y las 19 dictadas en segunda instancia), en las que la orientación sexual fue el principal motivo de las condenas en 36 casos, uno más que las sentencias por racismo (35). Nación (23) e ideología (22) son otros de los principales delitos que motivaron esas condenas.

La Fiscalía resalta que en 129 de las 157 sentencias el fallo ha sido condenatorio, lo que refleja "el éxito de las acusaciones" y "la progresiva mejora cualitativa que se viene observando en los atestados confeccionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" a medida que se van generalizando los protocolos y la mejora de la formación de los agentes.

Asimismo, el Ministerio Público hace una "valoración muy positiva" del hecho de que los juzgados y tribunales "acojan con bastante frecuencia en el fallo de sus sentencias la petición de indemnización por daños morales formulada por el Ministerio Fiscal en sus acusaciones".

Aunque el número de sentencias es similar al registrado en 2022 (152), la Fiscalía lo achaca a "las numerosas suspensiones de señalamientos de vistas orales" que se produjeron en 2023 por las jornadas de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y los funcionarios para reclamar subidas salariales.