La Fiscalía avala que doce CDR se sienten en el banquillo por terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado al juez Manuel García Castellón a sentar en el banquillo por delitos de terrorismo a doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en septiembre de 2019 en el marco de la "operación Judas". El Ministerio Público -que posteriormente tendrá que precisar las penas que solicita para cada uno de ellos- les imputa delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes.

La decisión de la Fiscalía se produce después de que el pasado abril el instructor cerrara el sumario por segunda vez. Y es que en diciembre de 2022 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal obligó a García Castellón a reabrir la causa tras cuestionar la defensa de uno de los procesados el origen de la investigación, unas diligencias secretas de 2018 ante las que se consideraban indefensos. Para paliar posibles causas de nulidad, la Sala instó al magistrado a prolongar la instrucción para que las defensas pudiesen solicitar las diligencias oportunas referentes a esas pesquisas.

Ahora, la acusación pública atribuye ambos delitos a Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín, mientras que al resto -Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero- únicamente les imputa un delito de tenencia y fabricación de explosivos.

En marzo del pasado año, García Castellón apartó del procedimiento a Guillem Xavier Duch por motivos de salud.

"Violencia en su máxima expresión"

El instructor, que acordó el procesamiento de los investigados en septiembre de 2021, sitúa a todos ellos en el tentáculo más radical de los CDR: el Equipo de Respuesta Táctica (ERT). Se trataría de "un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza" totalmente "entregados a la causa" responsable de las acciones que precisaban de "la violencia en su máxima expresión" para forzar a las instituciones a "conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". Todo a través de una estrategia "planificada y organizada" que exigía "un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución" para alcanzar el objetivo de "subvertir el orden constitucional".

García Castellón señalaba a Ferrán Jolis como "el iniciador" del ERT en julio de 2019 con una reunión celebrada en Montcada i Reixach (Barcelona) "entre fuertes medidas de seguridad" a la que asistieron, entre otros, Eduard Garzón, Jordi Ros, Esther García Canet y Sonia Pascual. Era, según el instructor, "el punto de encuentro de diferentes células que estarían llevando a cabo actividades de fabricación y elaboración de sustancias explosivas e incendiarias".

El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que los integrantes de los CDR fueron más allá de la propia actividad de estos comités de defensa de la República, llegando a constituir "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Esa estrategia se plasmó en "cortes de autopistas, ocupación de edificios simbólicos, bloqueo del aeropuerto y movilizaciones generales" y en "acciones contra infraestructuras críticas" (autopistas y aeropuerto de El Prat). Pero donde los CDR tuvieron un mayor protagonismo fue en las protestas más violentas contra la sentencia del "procés", cuando protagonizaron cortes de carretera, el vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los líderes independentistas desde la cárcel de Lledoners el 1 de febrero de 2019, el levantamiento de las barreras de los peajes o los actos de protesta por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 2018.

Al ERT se le señala asimismo por haberse encargado, supuestamente por indicación del denominado "CNI catalán", de la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlamento de Cataluña, recurriendo a sus "conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización".

A los CDR se les incautaron en la "operación Judas" imágenes de la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de la ciudad condal, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, así como de miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o del Parlament.