Doce CDR detenidos en la "operación Judas", camino del banquillo por terrorismo

Doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en septiembre de 2019 en la "operación Judas" están más cerca de sentarse en el banquillo por delitos de terrorismo. Por segunda vez en seis meses, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado el sumario, en el que les imputa delitos de pertenencia a organización terrorista y de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos a ocho de ellos.

En diciembre del pasado año, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal obligó al instructor a reabrir la investigación tras admitir el recurso interpuesto por la defensa de uno de los procesados, que cuestionó el germen del procedimiento, unas diligencias de 2018 que, según se quejó, habían generado indefensión a los imputados. El magistrado se vio obligado entonces a prolongar la instrucción para que las defensas pudiesen solicitar las diligencias oportunas.

Ahora, García Castellón (que en marzo de 2022 archivó la investigación respecto a uno de los imputados, Guillem Xavier Duch por motivos de salud) acuerda de nuevo el cierre del sumario, lo que despeja el camino hacia el juicio.

El juez atribuye un delito de pertenencia a organización terrorista a los doce procesados, pero a Eduardo Garzón, Esther Garcia Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado les imputa también otro de depósito y fabricación de explosivos del que exime a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero.

"Violencia en su máxima expresión"

En septiembre de 2021, el instructor procesó a los integrantes de los CDR investigados, a quienes sitúa en la rama de mayor "radicalidad" de los Comités de Defensa de la República, el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), constituida por "un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza" totalmente "entregados a la causa" responsable de las acciones que precisaban de "la violencia en su máxima expresión" para forzar a las instituciones a "conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España”. Ese cometido, señaló entonces García Castellón, requería "un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución" para intentar "subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada".

Entre esas respuestas violentas el juez se refirió a "cortes de autopistas, ocupación de edificios simbólicos, bloqueo del aeropuerto y movilizaciones generales", así como "acciones contra infraestructuras críticas" (autopistas y aeropuerto). En ese auto de procesamiento, el magistrado atribuía a los CDR una "participación activa" en las protestas más violentas del "procés", sobre todo en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo: los cortes de carretera, el vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los presos del "procés" desde la cárcel de Lledoners el 1 de febrero de 2019, el levantamiento de las barreras de los peajes y los actos de protesta por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 2018, entre otros.

Según García Castellón -que sitúa a Ferrán Jolis como "el iniciador" del ERT, el 10 de julio de 2019 se produjo "entre fuertes medidas de seguridad" una reunión en Montcada i Reixach (Barcelona) -a la que asistieron varios de los procesados, entre ellos Eduard Garzon, Jordi Ros, Esther Garcia Canet y Sonia Pascual- y que era en realidad "el punto de encuentro de diferentes células que estarían llevando a cabo actividades de fabricación y elaboración de sustancias explosivas e incendiarias".

El ERT, una "organización terrorista paralela"

El ERT habría asumido además el encargo del denominado "CNI Catalán" de aportar la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlamento de Cataluña, para lo que pusieron a su disposición su "capacidad técnica y humana" y "conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización".

El carácter terrorista no presenta dudas para García Castellón, quien hizo hincapié en que los procesados habían superado la actividad dentro del respectivo CDR para conformar "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Asalto al Parlament

En el momento de su detención, el ERT ya disponía de "informaciones precisas" de posibles objetivos, como instalaciones policiales, de las que contaban con fotografías y vídeos de "accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas (entre otros), agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.

En los registros los agentes hallaron imágenes de la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o el Parlament de Cataluña.

Según la investigación, otro de los procesados, Jordi Ros, llevó a cabo en agosto de 2019, en compañía de su pareja, un reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, en San Andreu de la Barca.