Familiares de etarras aleccionarán a niños de la ESO contra el Estado

El Gobierno vasco aprobó ayer que puedan ir a las escuelas para «hablar de perdón y convivencia» Los equipara a los damnificados por ETA dentro del plan de «Paz y Convivencia»

Los familiares de Ángel Otaegi y Juan Paredes, etarras fusilados por el régimen franquista en 1975, podrán presentarse ante alumnos vascos de catorce y quince años como víctimas y contarles lo que se les ocurra. Eso es lo que aprobó ayer el Gobierno vasco, al dar luz verde al documento «Bases y proyectos del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016», que abre las puertas de la escuela vasca a las «víctimas de violaciones de derechos humanos donde la autoría podría atribuirse directa o indirectamente a agentes de la autoridad pública o referirse a una responsabilidad del poder público o del Estado».

A los colegios vascos entrarán, a partir de ahora, junto a las víctimas del terrorismo y sin que se haga distinción con ellas, según manifestaron a LA RAZÓN fuentes del Gobierno vasco, otras víctimas de violación de los derechos humanos entre las ocho reconocidas institucionalmente durante el mandato del lendakari socialista Patxi López. El ejecutivo de Urkullu prepara la entrada en las aulas de familiares de los etarras Ángel Otaegi y Juan Paredes, «Txiki», a quienes el Gobierno de López reconoció la condición de víctimas por entender que en el consejo de guerra en el que fueron condenados a muerte –tras haber cometido ellos crímenes terroristas– se vulneró su derecho a un juicio justo.

Desde el Gobierno vasco aseguraron a este diario que las víctimas que van a participar en el programa educativo del Plan de Paz y Convivencia no son víctimas de torturas, sino las reconocidas institucionalmente por haber sufrido vulneraciones de derechos humanos entre 1960 y 1978. Esas víctimas son, además de los etarras Otaegi y Paredes, otras seis que no tenían ninguna relación con ETA, como el industrial Francisco Javier Batarrita Elexpuru, ametrallado en una gasolinera por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –que esperaban la aparición en aquel lugar de un «comando»–, o Segundo Urteaga Pérez de Unzueta, quien también murió por disparos en un operativo antiterrorista de la Guardia Civil.

La presencia en las aulas de familiares de etarras o de víctimas que no fueron objetivo de ETA ha indignado al PP vasco. Su secretario general, Iñaki Oyarzabal, manifestó a este periódico que «el objetivo fundamental del programa de víctimas educadoras es deslegitimar el terrorismo» y que, con el testimonio de otras víctimas, «se pretende repartir la culpa, para justificar a los terroristas y también la actitud cómplice o el mirar para otro lado». «Se pretende que se vea el terrorismo como reacción a otra imposición o contra la violencia por parte del Estado».

El PP vasco va a realizar iniciativas parlamentarias para intentar frenar un programa que mezcla a las víctimas, porque entiende que lo que hay que combatir es la justificación del terrorismo etarra, ya que no hay quien justifique otras violencias. Oyarzabal dice que se «si hay sentencias que reconocen otras víctimas, deben ser reparadas, pero por un canal distinto, no mezcladas, porque eso fomenta la equidistancia y el falso relato de dos violencias enfrentadas».

Ante el hecho de que fueron los socialistas vascos los que promovieron el reconocimiento institucional como víctimas de los etarras Otaegi y Paredes, Oyarzabal afirma que el PSE cometió «errores por puro complejo y acabó cayendo en la estrategia de los nacionalistas».

El testimonio de víctimas en colegios es una historia que ha figurado en programas del Gobierno vasco desde la etapa de Juan José Ibarretxe, pero que ha tenido poco recorrido a la hora de ser ejecutado. Ibarretxe consiguió el testimonio escrito de una víctima de ETA, el hijo del gobernador militar de Guipúzcoa, Rafael Garrido, asesinado en octubre de 1986 junto a su mujer, Daniela Velasco, y otro hijo, Daniel, de 16 años, y lo presentó junto al de la hija de Santiago Brouard, asesinado por los GAL en 1984. Ya en 2007en las aulas vascas se presentaron víctimas de «ambos lados», sin tener en cuenta que no hubo ninguna guerra, sino terrorismo.

Con Patxi López como lendakari quienes pasaron por las aulas vascas fueron víctimas del terrorismo, entre ellas la viuda del parlamentario socialista Fernando Buesa, aunque fueron seleccionadas, tal como explicaron los profesores universitarios que colaboran con el Gobierno vasco en este programa, por su «capacidad de perdonar» y de «no generar odio». Pero no tuvo mucho recorrido, ocho colegios y quince víctimas participaron en él, la mayoría a través de testimonios escritos o vídeos. Y sobre aquella experiencia aún hay secretismo. Como si fuera un episodio vergonzoso, los colegios que acceden a acoger testimonios de víctimas del terrorismo no quieren que se sepa. «El Gobierno no da nombres de los colegios ni identifica a las víctimas», manifestaron ayer fuentes del Ejecutivo de Urkullu.

El historial de los terroristas

ÁNGEL OTAEGI

Alias «Caraquemada» y «Azpeti» inició y terminó su carrera terrorista en su localidad natal, Azpeitia, donde participó de forma «directa», según la sentencia del consejo de guerra que le condenó a muerte, en el atentado en el que murió el cabo primero de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón. El crimen se produjo en abril de 1974 y la Guardia Civil le detuvo en noviembre de ese año.

JUAN PAREDES

Llegó a Zarauz a los 10 años, cuando su familia emigró desde la población extremeña de Zalamea de la Serena. Tuvo una corta pero intensa actividad en ETA, coincidiendo con el sanguinario «Apala». En 1975 se le condenó a muerte por el atraco a un banco de Barcelona en el que murió el cabo primero de la Policía Armada Ovidio Diaz López.

270.000 euros para las familias

Las nuevas víctimas a las que el Gobierno vasco va a sentar en las aulas fueron previamente indemnizadas por el Ejecutivo de Patxi López. 270.000 euros se repartieron en noviembre de 2012 los familiares de Otaegi y Paredes, al ser reconocidos como víctimas de vulneración de derechos humanos entre 1960 y 1978, fechas que abarcaba el decreto socialista, 135.000 por víctima.