El fallo tecnológico en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que provocó hace unos días que cientos de contratos dejaran de estar visibles por tareas de mantenimiento, ha generado inquietud en una de las acusaciones populares del "caso Koldo", que quiere que el juez Ismael Moreno compruebe que las actas de los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad a Soluciones de Gestión "no han sido eliminadas".

Hazte Oír ha presentado en la Audiencia Nacional "de manera urgente" esa petición "tras haber tenido conocimiento a través de varios medios de comunicación del fallo tecnológico sufrido por la Plataforma de Contratación Pública respecto a cientos de actas que cumplían una función esencial: registrar la concesión de contratos públicos". La acusación traslada al instructor su "preocupación" al conocer que el error sufrido por el sistema tecnológico, adelantado por Eldiario.es, "impedía que pudiesen visibilizarse diferentes documentos públicos entre los que se

encontraban afectados los contratos que el Ministerio de Sanidad adjudicó en 2020" para la compra de mascarillas, guantes y respiradores en pandemia.

Para el letrado de Hazte Oír, Javier-María Pérez Roldán, "es necesario confirmar que las actas de los contratos públicos que son objeto de investigación" en este procedimiento -las adjudicaciones por valor de más de 50 millones de euros para la adquisición de mascarillas por parte de los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres- "se encuentran correctamente ubicadas y no han sido eliminadas". Una medida que extiende también a todos los contratos "que guardan un especial interés" para la instrucción.

En el caso de que ese borrado imprevisto haya afectado a los contratos relacionados con la "trama Koldo", la acusación popular pide al magistrado que requiera al Ministerio de Hacienda "la identificación de los responsables de la Plataforma de Contratación, así como de aquellos directamente relacionados con las labores de mantenimiento tecnológico".

Además de las adjudicaciones en sí, Hazte Oír se refiere expresamente al contrato entre Puertos del Estado (primer organismo público que contrató con Soluciones de Gestión) y Raminatrans para la gestión de logística y reparto del material suministrado una vez en suelo español y al que firmó Adif con esta empresa de logística con el mismo objetivo. También alude a "todos los contratos del Ministerio de Sanidad del año 2020 en los que compraron mascarillas, guantes, geles y respiradores" y a los suscritos entre Puertos del Estado y Adif con Globalia "que tuvieran como fin el envío y fletes de aeronaves para transportar los productos suministrados" por Soluciones de Gestión.

La acusación considera que estas medidas, que ve necesarias para "conocer que los contratos, y concretamente las actas de los mismos, no se han visto afectados por los fallos tecnológicos", resultan "necesarias, útiles y pertinentes" para la investigación judicial.