El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto en valor la actuación de la corte de garantías durante el proceso independentista en Cataluña en 2017, una situación que ha calificado de "extrema" en la que "estaba en riesgo la unidad de España". Así lo ha puesto de manifiesto en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que este año ha contado con la presencia de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López.

Conde-Pumpido ha hecho referencia a la respuesta del TC al "procés" tras destacar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que rechazó por unanimidad que al impedir la tramitación de las mociones independentistas en el Parlament se hubiese vulnerado el derecho de representación política de los diputados de las formaciones soberanistas. Para el presidente de la corte de garantías, Estrasburgo ratifica así "la sujeción de todos los poderes públicos a la supremacía de la Constitución Española y a las decisiones de este tribunal, que la interpreta". Unas palabras pronunciadas cuando aún resuenan los choques con el Tribunal Supremo (TS) por la anulación parcial de las condenas por el fraude de los ERE, entre otros a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y por la admisión a trámite del recurso de amparo de Dolores Delgado tras tumbar su ascenso el alto tribunal por "desviación de poder" en la propuesta de su nombramiento por el actual fiscal general del Estado.

No hubo injerencias en el Parlament

Conde-Pumpido ha enfatizado en su intervención que con esa sentencia queda claro que "las supuestas injerencias en el ámbito competencial de un Parlamento autonómico eran manifiestamente infundadas" porque el TC "se había limitado a ejercer sus competencias en situaciones extremas en las que estaba en riesgo la unidad de España".

"El imperio de la ley está garantizado en el Estado español por este Tribunal Constitucional, pero también por los jueces y tribunales, que únicamente están sometidos al imperio de la ley y aplican las leyes y la Constitución de forma absolutamente independiente e imparcial", ha destacado.

Asimismo, ha alabado la labor del TC para "desterrar cualquier discriminación contra la mujer", señalando expresamente que este último año la corte de garantías ha ampliado por sentencia el permiso de maternidad en familias monoparentales.

Iberoamérica, "una de las regiones más violentas para las mujeres"

El presidente del TC ha aplaudido la "relevante función" en la construcción de un estado de derecho que corresponde a los tribunales internacionales en la "larga marcha para sustituir la violencia por el derecho en la resolución de conflictos" y conseguir asegurar así "el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular".

La magistrada costarricense -a quien ha presentado la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán- ha destacado en su intervención en la sede del TC que el tribunal que preside Conde-Pumpido "es un referente en toda Iberoamérica", que ha calificado como "una de las regiones más violentas para las mujeres", como demuestra que una docena de mujeres son asesinadas de media cada día por violencia de género.

Nancy Hernández ha lamentado que la impunidad alcanza el 98% en algunos países iberoamericanos puesto que muchas mujeres que pretenden denunciar casos de violencia de género no lo hacen "por miedo a las represalias". Algo que, se ha quejado, "mantiene el statu quo" y perpetúa esa violencia contra la mujer, que tiene derecho "a vivir en una sociedad libre de violencia", tanto a nivel personal como profesional. "El miedo paraliza a muchas mujeres", ha recordado refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que preside, para la que "la violencia sexual puede suponer tortura". "El miedo paraliza a muchas mujeres", ha recordado refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que preside, para la que "la violencia sexual puede suponer tortura".

Hernández ha hecho además alusión a otro de los estándares de la corte, que alude a la obligación de los estados a "reconocer y abordar las múltiples formas de discriminación y violencia que pueden afectar a una persona simultáneamente". Una mujer, ha recordado, "no solo puede ser discriminada por razones de género", sino que esa situación de vulnerabilidad puede agravarse por pertenecer "a otros grupos históricamente marginados", como sucede en el caso de las mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad o pertenecientes al colectivo LGTBI.