La Sala puede archivar o nombrar un instructor si admite a trámite la exposición.

La Sala de Admisión del Tribunal Supremo ya ha tomado conocimiento oficial de la exposición razonada que remitió la magistrada de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, quien apreció indicios de delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa en relación con la obtención del máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y, una vez constituida la Sala con la recepción de la citada exposición razonada, se dará traslado de forma inminente a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si apoya o no la admisión a trámite de la misma, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Tribunal Supremo. De hecho, está previsto que esta remisión al Ministerio Público se pueda producir hoy mismo o mañana como muy tarde.

Una vez que el Departamento que dirige la fiscal general del Estado, María José Segarra, tenga su dictamen lo remitirá al Supremo, para que los magistrados que forman la Sala de Admisión decidan si admiten a trámite o archiva la exposición razonada. Uno de los aspectos que el Ministerio Público está estudiando es ver si el delito de cohecho impropio al que alude la magistrada ha podido prescribir, algo que, en todo caso, no se daría en el relativo al de cooperador necesario en el de prevaricación administrativa.

Una vez cuente la Sala con el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que no es vinculante, será cuando se pronuncie. Si los magistrados entienden que de los hechos relatados por la instructora no se desprenden indicios de delito procederá a archivar la causa y devolver la exposición razonada al juzgado que la remitió; mientras que, por el contrario, si aprecia la existencia de indicios de delitos nombrará a un instructor, que será quien tenga que practicar las diligencias que considere oportunas hasta decidir si hay motivos para motivos para abrir juicio oral contra el actual presidente del PP o, por el contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento de la causa. Antes de realizar ninguna diligencia será necesario solicitar al Congreso el pertinente suplicatorio para poder investigarle. El nombramiento del instructor, en su caso, se haría conforme a un turno previamente establecido y fijado.

En esta última hipótesis, es decir, si el Supremo admite a trámite la exposición razonada y nombrase instructor, Pablo Casado tendría que declarar como imputado, aunque podría comparecer voluntariamente para dar su versión de los hechos, también en esa misma condición, sin esperar a que se le citasae.

En la exposición razonada de la magistrada se viene a concluir que Pablo Casado «pudo verse favorecido con este regalo académico –el título del máster– por su relevancia política e institucional». Y, añade al respecto la magistrada que, indiciariemente, de esa forma, sería uno de los «beneficiados» que actuó «en connivencia» con el director del máster, el catedrático Enrique Álvarez-Conde, quien dirigió «una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuviera el título del máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva». Sólo se benefició, afirma en este punto, a «alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él», quienes no tuvieron que asistir a clase ni realizar trabajo alguno para obtener los 20 créditos que le faltaban para el máster –los otros 40 fueron legalmente convalidados–, según sostiene la instructora.

Diputado en Madrid

Esa «posición relevante política o institucional» que entonces tendría Pablo Casado se refiere, cita la propia exposición, a que en 2009 –año que recibe el título de máster– era diputado en la Asamblea de Madrid por el PP, que este partido gobernaba la comunidad y que presidía las Nuevas Generaciones del Partido Popular.

En cuanto al delito de cohecho impropio vendría por recibir «como regalo una titulación del master», por haber realizado, según la jueza, todas las gestiones previas para posibilitar dar una apariencia de legitimidad a la obtención del título académico «que se recibe como regalo y que de hecho se obtiene como tal» Respecto al delito de prevaricación admimistrativa, la jueza sostiene que se puede imputar el mismo a quienes no son funcionarios, en este caso a los alumnos «beneficiados», entre los que figuraría el actual presidente del PP.