El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la investigación del «caso Campeón», José Ramón Soriano, ha rechazado la última «propuesta de actuación» que le solicitaba la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la que requería a tres entidades bancarias –BBVA, Caixa Nova y Caja España de Inversiones– diversa documentación sobre cuentas en las que aparecen como titulares o bien la empresa de Orozco, o bien el matrimonio Blanco. En concreto, la Policía solicitaba que se requiriese a esas entidades los movimientos de cuentas durante el año 2007 -a finales del mismo se adquirió el inmueble– y del 2011 respecto a una de esas cuentas corrientes.

Así, en el último informe remitido al Alto Tribuna, la UDEF realizaba una «propuesta de actuación» destinada a «concretar la fórmula de pago de las obras de reforma» del inmueble ubicado en la localidad madrileña de Las Rozas, «cuyo pago se efectuó en parte mediante ingresos en efectivo por importe de 38.400 euros en una cuenta bancaria de "Trepia 06 Inversiones SL"-la empresa de José Antonio Orozco, el "amigo"del ex ministro»"y «determinar el origen de los fondos empleados en la propuesta de reforma y ajardinamiento"llevadas a cabo en la propiedad de Blanco.

Investigación concluida

Sin embargo, el magistrado del Alto Tribunal, en una providencia del pasado 12 de marzo, deniega tal petición al considerar que «no procede acceder a lo solicitado en este momento procesal". Y esgrime tres motivos para ello.

En primer lugar, porque «ya fue admitido el recurso de reforma presentado por la defensa de Blanco en relación a la petición de extractos bancarios de su defendido y de su esposa, ajena a este procedimiento». En segundo lugar, «porque se aporta documentación –por parte de la defensa– relativa a las obras de la vivienda, así como el pago de las mismas adjuntando las correspondientes facturas». Y, en tercer lugar, porque ya se ha declarado concluída la investigación».

En relación con este punto, el instructor ya solicitó a las partes que se pronunciaran sobre si consideraban pertinente o no instar al Congreso el correspondiente suplicatorio, indispensable para poder actuar contra Blanco, dada su condición de aforado.

La Fiscalía instó el pasado 12 de marzo a solicitar el suplicatorio de Blanco para poder «imputar formalmente» al ex ministro por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, en relación con su posible mediación en la adjudicación a la empresa Azkar de una nave industrial en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat. Por su parte, la defensa de Blanco instó al juez a archivar la investigación, al entender que no realizó ninguna gestión para la concesión, y, por tanto, no incurrió en conducta alguna delictiva.