Si los ex consellers no piden declarar otra vez ante Lamela lo harán al asumir la causa el juez Llarena.

El juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido un informe a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de resolver sobre la competencia y acumulación de la causa que se sigue contra exmiembros del Govern de Cataluña y los responsables de ANC y Omnium en la Audiencia Nacional.

En una providencia, el magistrado Pablo Llarena ha dado cinco días de plazo a Lamela para que le informe del procedimiento y para que emplace a las partes personadas a que, en el mismo plazo, se pronuncien sobre esa acumulación de causa, según han informado fuentes del Tribunal Supremo.

Tras asumir la semana pasada la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a Forcadell y otros cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament, el Tribunal Supremo (TS) ha hecho hoy lo mismo con la causa abierta en la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación en la que están investigados Puigdemont y todos los integrantes de su destituido Govern. Según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Alto Tribunal, el magistrado Pablo Llarena iba a reclamar el procedimiento «en un plazo de dos semanas», en todo caso antes del comienzo de la campaña electoral del 21-D el próximo 5 de diciembre. Finalmente, En este supuesto, si los ex consellers actualmente en prisión no solicitan antes declarar de nuevo ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y se acogen a la «vía Forcadell» (compromiso de acatar la legalidad en su defensa de la independencia, lo que difumina el riesgo de reiteración delictiva) para lograr su libertad, podrían hacerlo con el nuevo instructor al asumir la causa el Tribunal Supremo. De esta forma, tendrían una oportunidad para salir de prisión antes del comienzo de la campaña.

Como sucede en el caso de la petición al TSJ de Cataluña, la decisión del Alto Tribunal no admite recurso alguno, por lo que la Audiencia Nacional no tendría otra opción –incluso con la oposición de la Fiscalía, que presentó dos querellas por los mismos hechos ante dos tribunales distintos por el aforamiento de Forcadell y la mayoría de los integrantes de la Mesa denunciados– que remitir el procedimiento al Supremo.

La decisión del Tribunal Supremo no sólo supondría la asunción de la investigación a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros doce ex consejeros del Govern, sino también de la causa abierta por sedición, que también instruye la juez Lamela, al que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a su antigua intendente Teresa Laplana y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», estos dos últimos en prisión desde el pasado 16 de octubre. No en balde, la magistrada ya dejó claro –al admitir a trámite la querella de la Fiscalía por rebelión, sedición o malversación contra los ex miembros del Govern– que los hechos investigados «se encuadran dentro de todo el proceso secesionista» dado que los investigados «formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada» por el frente independentista.

El artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que «cuando algún juez o tribunal viniere entendiendo un asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día, para en su vista, resolver». Sin embargo, añade, podrá autorizar al tribunal requerido, «entre tanto que resuelve la competencia», que continúe practicando aquellas diligencias «cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas». Contra la decisión del Tribunal Supremo, como se ha apuntado, «no se da recurso alguno».

La defensa de Forcadell, que ejerce el letrado Andreu Van den Eynde, ya ha tomado la iniciativa y ha reclamado al juez Llarena que asuma la causa contra el Govern que instruye la Audiencia Nacional para evitar resoluciones contradictorias y una posible indefensión a su cliente. Este paso al frente obligará a pronunciarse a la Fiscalía antes de que el instructor resuelva la petición.

En el auto de admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, el Tribunal Supremo ya apuntó que sería el curso de la investigación en el que aconsejaría la acumulación en un único procedimiento de las investigaciones abiertas en otras instancias si se constataba que los hechos presentan «una naturaleza inescindible».

El Tribunal Supremo investiga a Forcadell y al resto de ex miembros de la Mesa porque parte de la actuación del frente soberanista «dirigida a hacer realidad el designio independentista» se llevó a cabo fuera de Cataluña. En esos casos, el aforamiento (que no han perdido al formar parte de la Diputación Permanente del Parlament) ante el TSJ catalán se traslada al TS según el Estatut.

En cambio, ni Puigdemont ni el resto de ex consellers destituidos mantienen el fuero (que recuperarán si resultan elegidos parlamentarios tras el 21-D o vuelven a formar parte del Govern), por lo que son investigados por la Audiencia a la espera de que el Supremo reclame la causa al tratarse de los mismos hechos o conexos.