El juez Eloy Velasco cesó de sus funciones en el Juzgado 6, en el que ha investigado, entre otros los casos «Púnica y Lezo».

El juez Eloy Velasco ha suspendido la declaración del empresario Daniel Mercado en la causa abierta por la presunta financiación irregular del PP madrileño, dentro de la Púnica, hasta que no se provea de un nuevo magistrado al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, que Velasco abandonó ayer.

"Por motivos de ausencia del magistrado y hasta que se provea de nuevo titular a este órgano judicial se suspenden los señalamientos de las declaraciones", señala la providencia de Velasco, a la que ha tenido acceso Efe, la última decisión que acordó como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Velasco cesó ayer sus funciones en el Juzgado 6, en el que ha investigado, entre otros los casos de corrupción del PP denominados Púnica y Lezo, y ahora su destino será la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Ante su ausencia, los asuntos pendientes del Juzgado 6 deben ser asumidos por el Juzgado 3 que dirige Carmen Lamena, si bien la magistrada ha pedido al juez decano de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que solicite un juez en comisión de servicios al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que refuerce el juzgado hasta el nombramiento de un nuevo titular.

De esta forma se suspende la declaración del empresario Daniel Mercado, que estaba citado para el 29 de mayo, así como las de una decena de investigados de los días 12, 13 y 14 de julio.

Mercado, dueño de la empresa Over Marketing, está pendiente de ser juzgado en Palma de Mallorca junto al expresidente balear Jaume Matas, entre otros, en el marco de una pieza separada del conocido como caso Over.

Lo que se investiga en la Púnica son unos contratos de los que se beneficiaron las empresas de Mercado para averiguar si parte de ese dinero se desvió posteriormente a la "caja b"del PP.

La pieza que se tiene que juzgar en Palma se centra en la contratación presuntamente irregular de Over Marketing y su entramado empresarial por parte del Govern en 2005 y 2006, mediante varios contratos que sumaron 109.138 euros, como pago encubierto por las labores realizadas para la campaña electoral del PP balear en las autonómicas de 2003.

En este caso, Anticorrupción solicita 2 años de prisión para Matas por presunto fraude a la administración, mientras que para Mercado la Fiscalía ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de confesión y pide para él una multa de 360 euros e inhabilitación para cargo o empleo público por 10 años y 6 meses