El juez deja libre, en contra de la Fiscalía, al comisario García Castaño

El también comisario Villarejo niega que filtrara los audios.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea dejó ayer en libertad, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, al comisario Enrique García Castaño después de que el ex responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información declarase ante el magistrado como investigado por cohecho y revelación de secretos en relación al supuesto suministro de información y datos reservados, sirviéndose de los mecanismos del Estado, al también comisario José Villarejo, sobre personas investigadas a cambio de presumibles contraprestaciones.

Aunque los dos fiscales del caso reclamaron al magistrado la prisión incondicional del ex mando policial y del inspector jefe retirado Antonio Bonilla por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, De Egea acordó su libertad, aunque les impuso la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, les retiró el pasaporte y les prohibió salir de España sin su permiso. También quedaron en libertad tras declarar como investigadas, aunque sin medida cautelar alguna, la pareja y la hija de García Castaño, usuarias de dos BMW que habrían sido adquiridos por sociedades de Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción cree que García Castaño, conocido en el cuerpo como «el Gordo», puede estar detrás de la filtración a dos medios digitales, El Español y OKdiario, de unas grabaciones a la amiga del Rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En una de esas conversaciones, de 2015, la consultora afincada en Mónaco habría asegurado al propio Villarejo –en prisión por esta causa desde el pasado noviembre en el marco de la «operación Tándem»– que el Rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero. Los investigadores sospechan que el ex responsable de la UCAO habría facilitado esas grabaciones, por indicación de Villarejo, como medida de presión de este último para conseguir salir de prisión.

Sin embargo, en un escrito remitido a la Audiencia la defensa de Villarejo califica esa hipótesis de «irracional» y asegura que «ni él ni su entorno próximo tienen nada que ver con la filtración», que atribuyen a una «estrategia policial y mediática» para evitar su puesta en libertad.

Por su parte, la defensa de García Castaño, que ejerce el despacho de Baltasar Garzón, achaca su detención a un «acto desproporcionado de la Fiscalía».