El juez Llarena ha anunciado que citará a partir del 14 de febrero a la exportavoz de la CUP Anna Gabriel y la presidenta del grupo parlamentario Mireia Boya para que declaren como investigadas en la causa abierta contra el proceso soberanista, han informado fuentes jurídicas.

Entre los próximos días 14 y 20 declararán en el Tribunal Supremo en calidad de investigados por rebelión el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la ex portavoz de la CUP Anna Gabriel. Además, también tendrán que comparecer en idéntica situación la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la dirigente de la CUP Mireia Boya y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras. Así lo ha decidido el magistrado Pablo Llarena, que investiga a los principales responsables del proceso independentista, en un auto notificado ayer. Llarena amplió la nómina de investigados el pasado 22 de diciembre, incluyendo a la mayoría de integrantes del «comité estratégico» incluido en el documento Enfocats, la hoja de ruta del «procés» intervenida al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Maria Jové, imputado por el juez de Barcelona que investiga el referéndum ilegal del 1-O. Con esta decisión, el magistrado elevaba a 19 el número de imputados por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Llarena acordó su imputación por las «sospechas» que sobre ellos se ciernen tras recibir los informes de la Guardia Civil que señalan a los integrantes de ese comité estratégico (del que también formaban parte, entre otros, Puigdemont y Junqueras, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis») como las personas que habrían dirigido y coordinado el desafío independentista que culminó con la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia.

En ese organismo –que todos los investigados en la causa han afirmado ante el juez desconocer– estaban incluidos los presidentes y portavoces de los grupos independentistas en el Parlament, así como los presidentes y secretarios generales de esas mismas formaciones políticas y la presidenta de la AMI.

Según los informes de la Guardia Civil, en busca de ese objetivo participaron en diversas reuniones que habrían servido para «idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga».

En la misma línea que lo apuntado por el Instituto Armado, el juez Llarena les atribuye un papel principal en la hoja de ruta soberanista, «aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término».

Pero a esa lista de investigados por rebelión se le pueden unir en las próximas fechas el ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y Josep Maria Jové, uno de los principales «fontaneros» de ERC en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Así lo solicitó la Fiscalía al juez Llarena el pasado diciembre. Trapero ya está siendo investigado, en su caso por sedición, por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, mientras que Jové está imputado por el 1-O en un juzgado de Barcelona. La Fiscalía considera la imputación de ambos «absolutamente inexcusable».