El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano ha dado por finalizada la instrucción del «caso Campeón», en el que se investiga si el ex ministro de Fomento José Blanco pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias por favorecer, presuntamente, la obtención de la licencia para su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, para la construcción de una nave industrial en unos terrenos próximos al aeropuerto de El Prat. De esta forma, confirma la decisión que ya adoptó el pasado siete de febrero.

Con todo, la decisión del instructor no es definitiva, ya que el Ministerio Fiscal, que recurrió la citada resolución, considera que hay diligencias por practicar todavía, y, por tanto, será la Sala de lo Penal quien tenga la última palabra sobre si se concluye la instrucción, algo que comparten las defensas de Blanco, su primo Manuel Bran, José Antonio Orozco y el empresario José Antonio Espiñeira, ya que todos ellos impugnaron el recurso de la Fiscalía.

En la resolución del instructor, éste especifica que la conclusión de la instrucción va dirigida a la terminación de las diligencias encomendadas a la Policía Judicial para formalizar esta fase, «que debía contar con el suplicatorio del Congreso de los Diputados» , algo que evitó provisionalmente «la condescendencia del denunciado», que acudió a declarar voluntariamente al Supremo sin contar con tal requisito.

Documentación «amplia»

En esta resolución, fechada el 27 de febrero, el magistrado desestima el recurso del fiscal contra la providencia en la que el magistrado acordaba concluir la investigación, una vez que se ha recibido el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) sobre la construcción de una nave en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por parte de un amigo del ex ministro José Blanco, el empresario José Antonio Orozco.

Junto a ello, el magistrado José Ramón Soriano considera que todo el material que existe ya en el procedimiento en esta fase de investigación es «ciertamente amplio» y «suficiente» para que el fiscal y la defensa de José Blanco soliciten el sobreseimiento de la causa o la petición al Congreso del suplicatorio de Blanco por algunos de los hechos investigados, que es el requisito indispensable para que se pueda actuar penalmente contra él.

La conclusión de la instrucción, destaca el magistrado, no impide que el Ministerio Público pueda pedir posteriormente que la Policía Judicial adscrita a esta investigación realice los dictámenes que considere oportunos.

De hecho, el Tribunal Supremo tiene pendiente de recibir todavía un informe de la UDEF sobre las cuentas de Blanco y de su esposa, Isabel Mourenza, entre 2006 y 2011, en relación con un desfase en el proceso de compra de su chalet en Pozuelo de Alarcón (Madrid). De acuerdo con los plazos dados en su día por el magistrado, ese informe debería estar en el Tribunal Supremo esta misma semana.

Por otro lado, el magistrado instructor también rechaza la queja del fiscal sobre una certificación de la secretaria judicial, del pasado 19 de diciembre, al entender el magistrado que no es el momento procesal de resolver «la base judicial de la actuación policial, y más conociendo el fiscal de ciencia propia que, además de las resoluciones que ordenan expresamente la práctica de diligencias a la Policía, existieron múltiples contactos presenciales y telefónicos entre Policía e instructor, impulsando la investigación, de los que tuvo conocimiento el fiscal».