El independentismo amenaza con una huelga general contra el Estado

Los partidos soberanistas se aprestan a afrontar el macro juicio del «procés» agitando la bandera de la unidad contra «la represión del Estado y en favor de la democracia». Su aspiración es la absolución de los presos y «no aceptaremos otra sentencia», explican los dirigentes independentistas que se han multiplicado en platós de televisión y cadenas de radio. La agitación política estará liderada por el propio Torra que hoy viernes acudirá a despedir a los presos y que ha suspendido, sine die, la reunión de la mesa de partidos a la que no asisten ni Ciudadanos ni Partido Popular.

En la calle, multitud de manifestaciones están programadas para los próximos días, incluyendo una convocatoria de huelga general que ha quedado en el aire por el anuncio del Supremo de retrasar el juicio. El sindicato independentista CSC-Intersindical ha presentado preaviso para la primera semana de febrero y acotado la fecha a los días 5, 6 o 7 de febrero. Sin embargo, el Supremo estudia retrasar el inicio al día 12. A la huelga general se han adherido todas las fuerzas independentistas –ERC, JxCAT, CUP, ANC, Òmnium– y el sindicato de enseñanza USTEC. Ni CC OO, ni UGT se han sumado a la convocatoria. Incluso el Govern apoya la movilización, en palabras de Torra, y no descarta adherirse, según dijo la consejera de Cultura, Laura Borràs. La huelga general pide un salario mínimo de 1.200 euros y la derogación de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP y no derogada por el PSOE. En los panfletos de la convocatoria no se alude, en ningún momento, que esta reforma fue apoyada por el grupo parlamentario de Convergència i Unió.

También los CDR y los GAAR están movilizándose. «Nos preparamos para las acciones GAAR, células independentistas rápidas y seguras. Es el momento de aplicar una estrategia efectiva para vencer al enemigo y conseguir el objetivo de la independencia y la libertad», se apunta en las redes sociales, lo que hace prever cortes de carreteras y algaradas callejeras.

Hasta aquí la unidad. En los últimos días, los enfrentamientos entre Puigdemont y Junqueras han subido enteros. ERC se niega a investir a Puigdemont como vuelven a plantear los neoconvergentes, y ha plantado cara, por enésima vez, a los intentos de Puigdemont de formar listas unitarias para las elecciones municipales y europeas. Tampoco el PDeCAT comulga con esta iniciativa. Para doblegar a los más díscolos con Puigdemont que controlan la ejecutiva del partido, el sector liderado por la vicepresidenta, Miriam Nogueras, presentará este sábado en el Consell Nacional una propuesta para que el partido apoye esta iniciativa. Nadie espera que David Bonvehí pueda rehuir su aprobación, máxime cuando en el Parlament en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya apenas tiene el respaldo de cinco diputados. Formalmente al PDeCAT están adscritos en el Parlament 12 diputados. El ambiente está enrarecido al máximo. En los pasillos del Parlament, un diputado cercano a Puigdemont
–Francesc de Dalmases– espetó a un compañero de grupo miembro del PDeCAT: «¿Aún existe el PDeCAT?». Un claro ejemplo de «aplicar un rodillo para imponer sus tesis», según fuentes cercanas a la dirección post convergente. Estas añaden con un cierto regusto amargo «nos aplican el “a por ellos”», que deja abierto cualquier escenario, incluso el de ruptura antes del 26 de mayo.

Tampoco en la Sala del Supremo habrá unidad. Los 12 encausados tienen abogados y estrategias diferentes. Oriol Junqueras y Raül Romeva tienen sus abogados, que no son los mismos que los de Carme Forcadell o Dolors Bassa, también republicanas, ni con Carles Mundó, ex conseller de Justicia que no está en prisión. Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Sánchez y Joaquim Forn no comparten ni estrategias ni abogados. Algunos consideran, además, que Forn «tiene una estrategia cipaya-traidora». Estos también señalan a la defensa de la ex consejera Meritxell Borràs con este término despectivo que se usó durante años en el País Vasco. Junqueras y Romeva tendrán un portavoz, Joan Ignasi Elena, ex alcalde de Vilanova y la Geltrú y miembro del PSC, durante el juicio y el grupo de los cercanos a Puigdemont estarán coordinados por Francesc Homs, el que fuera mano derecha de Mas y condenado por el juicio del 9-N.