El Gobierno estudia activar ya el proceso para exhumar a Franco

A mediados de esta semana se reunirá la Comisión de Secretarios para tratar el asunto.

Agosto llega a su fin y al Gobierno de Pedro Sánchez se le acaba el tiempo para llevar a cabo su promesa «estrella» electoral: la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El próximo viernes el Ejecutivo celebrará su primer Consejo de Ministros desde el pasado día 3, tras el que Sánchez compareció en rueda de prensa y anunció que aplazaría el real decreto para iniciar el proceso al mes de septiembre. A última hora de la tarde de ayer, la agencia Efe publicó que el Ejecutivo activará esta próxima semana los trámites para sacar a Franco del Valle de los Caídos, después del Consejo de Ministros en el que se iniciarán los trámites. Fuentes de Moncloa no confirman ni desmienten esta información, y explican que a mediados de esta semana se reunirá la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios para, entre otras cuestiones, abordar este asunto.

Pese a que el Ejecutivo se ha tratado de llevar a cabo esta iniciativa desde el mes de julio, las dificultades jurídicas y las trabas interpuestas por la familia de Franco de llevar el asunto a los Tribunales han entorpecido que se llevara a cabo antes del comienzo de verano, como pronosticara Sánchez, cuando el 18 de junio garantizó que se cumpliría con la proposición no de ley de impulso de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2017 para proceder a la exhumación del cadáver. Este periódico ya informó de que a partir de este Consejo de Ministros se pondría en marcha la maquinaria: «Esperamos que la salida del dictador del Valle de los Caídos esté completada para el final de verano», explicaban desde el Ejecutivo. Este plazo incumplido hizo que la pregunta de «cuándo» haya estado en boca de los periodistas permanentemente. «Hay que cumplir unos trámites legales y eso conlleva su tiempo», ha repetido en distintas ocasiones el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Esta fórmula jurídica que contempla el Gobierno es la vía del decreto ley, que necesita ser revalidado por la Cámara Baja. Una medida que refuerza al presidente del Gobierno, ya que la iniciativa parlamentaria planteada estando en la oposición contó con 198 votos a favor y 40 abstenciones, pero ningún partido se manifestó en contra. Un año después, ya desde La Moncloa, el real decreto obligará a los partidos a retratarse: en aquella ocasión el PP votó en contra y Cs se abstuvo. Una vez que el decreto ley viese la luz, el Gobierno pondría al Jefe del Estado en la tesitura de tener que rubricarlo, ya que según establece la Constitución en su artículo 62, le corresponde al Rey «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes». Es decir, el Monarca, según la Carta Magna, debe, por ley, firmar lo que se apruebe en la Cámara.

Pese a que el Ejecutivo haya repetido en numerosas ocasiones que la familia de Franco «no es el problema» para llevar a cabo el proceso, ésta no permanecerá impasible, y ya advirtió a Sánchez mediante un comunicado que «la aprobación de un decreto ley supondría la quiebra del Estado de Derecho», ya que argumentan que el procedimiento incumple el artículo 86 de la Constitución. «No se puede exhumar nunca un cuerpo sin permiso de la familia y no lo tienen», alegaron.