El fiscal pide al TS que investigue a Barberá por blanqueo

Tres meses ha tardado la Fiscalía del Tribunal Supremo en remitir al Tribunal Supremo su informe respecto a la exposición razonada remitida por el juez del «Caso Imelsa» respecto a si se debe abrir un procedimiento penal contra la senadora del PP y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Consistorio valenciano, en el marco de la «operación Taula». En su dictamen, remitido ayer a la Sala Penal del Supremo, el Ministerio Público entiende que hay motivos para que se admita a trámite la exposición razonada y se designe un magistrado instructor para que realice las diligencias que considere oportunas para, posteriormente, proponer la continuación de las actuaciones, si aprecia indicios de delito, o el sobreseimiento de la misma.

Sin embargo, antes de que se pueda producir será necesario que la Sala de Admisión del Tribunal decida admitir a trámite la petición del juez. Esa decisión no se adoptará, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, hasta el mes de septiembre, ya que una resolución de ese calibre no suele adoptarse por la Sala de Vacaciones, ya que no se trata de un asunto «de especial urgencia», que son los que suele resolver la mencionada sala.

Si se admite a trámite, entonces la Sala nombrará al instructor que corresponda por turno para que realice las diligencias oportunas. De producirse esta situación, y al igual que ha ocurrido con otros aforados, Rita Barberá tendrá la opción de declarar voluntariamente, antes de que, llegado el caso, se hubiese concedido el suplicatorio necesario.

Pero también puede suceder que la Sala de Admisiones entienda que el contenido de la exposición razonada no justifica iniciar esa investigación, por lo que, en ese supuesto, devolvería la causa al juzgado de instrucción que la remitió para que continuase la investigación y la volviese a enviar, en su caso, cuando estuviesen más apuntalados los indicios. Esta opción, según algunas fuentes, no es nada descartable.

En la exposición que remitió el magistrado, justificaba que el Supremo investigara a Barberá porque ésta fue «una más de las que reconocieron haber efectuado un pago de mil euros al PP de Valencia, por lo que debería estar en la misma situación que los demás investigados en ese procedimiento. Sin embargo, a la vez, el instructor reconocía que ningún investigado o testigo ha manifestado una «participación concreta personal» de la ex alcaldesa de Valencia «en la entrega de dinero», en que se hiciese o se aceptara.

Junto a ello, se aludía a que la principal investigada citaba a Rita Barberá en una conversación donde reconocía haber aportado mil euros, pero «sin hacer una imputación precisa de hechos concretos»; y, además, aludía al hecho de que era la «superiora jerárquica» de la ex responsable del Grupo del PP en el Ayuntamiento, y tenía una «relación personal y de estrecha confianza con la principal investigada», María del Carmen García-Fúster, ex secretaria del mencionado grupo político, que sería la que, presumiblemente, entregaría los billetes a los «donantes».