El abogado del exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha solicitado al tribunal que juzga desde este lunes el "caso Nóos"en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la nulidad de todo el procedimiento iniciado por el instructor José Castro por considerar que todo comenzó con la investigación de unos documentos sobre el instituto Nóos que fueron aportados a la causa cuando su cliente aún no había sido imputado.

Esta circunstancia que vicia todas las actuaciones que inició a partir de entonces el instructor del caso José Castro según el abogado Manuel González Peeters. Durante su intervención en la sesión de cuestiones previas al juicio -que sienta en el banquillo a un total de 18 personas, entre ellas la Infanta Cristina-, ha defendido que el origen de toda la causa es "ilícito"y debe ser anulada.

Para apoyar sus tesis González Peeters ha citado sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). También ha defendido la vulneración de otros principios como los de no declarar contra uno mismo para argumentar la indefensión de su cliente en este aspecto. Torres se enfrenta a una petición fiscal de 16 años y medio de prisión, que la acusación representada por Manos Limpias eleva a 22 años y medio.

Por otra parte, y en relación con los delitos contra la Hacienda imputados a Diego Torres, el abogado ha insistido en que las pruebas contra él han sido aportadas por Hacienda, que le coaccionó con sanciones administrativas si no presentaba toda la documentación al respecto causándole igualmente indefensión. Considera por ello que se trata de una prueba ilícita.

Además, ha expuesto que respecto de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, es "sangrante"que se la acuse de blanqueo de capitales porque cuando compareció en calidad de imputada no se la informó que se la acusaba de esta conducta.

Se vulneraron por tanto sus derechos según su letrado y no debería ser acusada por este delito en particular, que es uno de los nueve por los que ha sido procesada. Para la mujer del exsocio de Urdangarín Anticorrupción solicita 2 años de cárcel mientras que Manos Limpias pide 11 años de cárcel.