El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) denuncia que además de Galdácano, otros muchos ayuntamientos gobernados por EH Bildu equiparan a víctimas y miembros de ETA en una web de memoria a través del proyecto "Oroimena", impulsado por Aranzadi. La asociación que preside Consuelo Ordóñez asegura que consistorios como los de Villabona, Oiartzun, Hernani, Azpeitia y Orio -todos ellos en manos de Bildu- o en el de Tolosa (donde gobierna el PNV) disponen de su propia web "Oroimena", lo que considera el exponente de "una estrategia perfectamente orquestada" para "blanquear el terrorismo de ETA" mediante la consideración de los etarras como "víctimas de vulneraciones de derechos humanos" simplemente "por haber estado detenidos, haber sido juzgados y condenados".

La presidenta de Covite señala en un comunicado que "en cualquier lugar del mundo se ve normal que quien comete crímenes gravísimos sea detenido, juzgado y condenado, excepto en Euskadi con los terroristas de ETA, donde la aplicación de la justicia se ve como una vulneración de los supuestos derechos de los asesinos". Consuelo Ordóñez denuncia que "no hay nada más ofensivo y humillante para las víctimas de ETA que el hecho de que se las equipare con sus asesinos. Es absolutamente indigno que se financien con dinero público unas páginas web que retuercen y falsean la memoria reciente de nuestro país de forma tan perversa".

Aranzadi salió al paso de las críticas por el proyecto, denunciado por el PSE, tachando las mismas de "falsa polémica" y distinguiendo a las víctimas de las "personas afectadas por la violencia de motivación política", categoría en la que encuadra a los terroristas, algo que Aranzadi entiende que no supone equipararlos con las víctimas del terrorismo.

"Una indignidad y una inmoralidad"

Una explicación que para Covite es "lamentable" y una "tomadura de pelo". "El simple hecho de que defiendan la inclusión de asesinos en una página web de memoria, sin que se haga mención alguna a los crímenes que cometieron, es una indignidad y una inmoralidad", asegura el colectivo. "Con esta explicación, Aranzadi no hace más que corroborar la tesis de que ETA merece algún tipo de consideración positiva, bajo la falsedad de que los terroristas han sufrido violencia política por el simple hecho de haber sido detenidos. Esto denota lo hondo que ha calado la legitimación de ETA en una parte de la sociedad vasca".

Covite no entiende que "apelen a los sufrimientos, a las vulneraciones de derechos humanos y a la supuesta violencia política sufrida por los etarras para esquivar la cuestión fundamental: la naturaleza terrorista y totalitaria de los crímenes de ETA".

La asociación que preside Consuelo Ordóñez reclama a las autoridades vascas que "ejerzan las actuaciones oportunas" para que todos los ayuntamientos que tienen su propia web "Oroimena" eliminen "toda presencia de los asesinos de ETA en estas", puesto que en su opinión "vulneran la neutralidad política a la que se deben todas las instituciones" e infringen la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

El asesino de Santa Pola, víctima de la política penitenciaria

Una normativa que establece, recuerdan, que los poderes públicos "velarán por que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos", adoptando para ello "las medidas apropiadas para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinción a los terroristas".

Covite señala, por ejemplo, que la web del Ayuntamiento de Villabona se refiere al etarra Óscar Celaráin -condenado por el atentado con coche bomba que asesinó en Santa Pola a Cecilio Gallego y a la niña Silvia Martínez Santiago- como víctima de la "política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales", citando testimonios de sus familiares y un informe de Etxerat, la organización de apoyo a los presos etarras.

En la web de Oiartzun, el etarra Joanes Larretxea Mendiola -condenado por el asesinato del empresario Ignacio Uría- es presentado como víctima de la "política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales".

En cuanto a Hernani, se incluye al etarra Ekain Ruiz Ibarguren -integrante del "comando" que asesinó en Málaga al concejal del PP José María Martín Carpena y al funcionario de prisiones Francisco Javier Gómez Elósegui-, porque murió por la "explosión de los propios artefactos o armas que manipulaban". El etarra falleció en el año 2000 junto a otros miembros de la banda terrorista al estallarles la bomba que transportaban en su vehículo.

"Muerto en situación de deportación"

En la web de Azpeitia, el dirigente etarra José Luis Arrieta figura como uno de los "muertos en situación de deportación" (falleció por muerte natural como prófugo de la Justicia) y en el perfil de Gotzon Aramburu se refieren las supuestas vulneraciones de derechos que habría padecido "en enfrentamientos armados, detenciones violentas, disturbios callejeros y cargas policiales". La fecha y el lugar donde se produjo esa "vulneración de derechos humanos", recuerda Covite, fue el momento en que Aramburu y otro etarra, que conducían un coche cargado de explosivos que pretendían colocar en distintos centros comerciales de Madrid, asesinaron en 2002 a Antonio Molina Martín e hirieron de gravedad a Juan Aguilar Osuna cuando les pararon un control. Aramburu fue condenado a 35 años de prisión por delitos de colaboración con banda armada, asesinato y estragos, y por una falta de lesiones.

En Tolosa, el Ayuntamiento gobernado por el PNV se refiere en su web de memoria a Txabi Etxebarrieta como una víctima de "conculcación del derecho a la vida", utilizando -subraya Covite- "exactamente la misma frase que se utiliza con las víctimas de ETA". Txabi Etxebarrieta fue responsable del asesinato, el 7 de junio de 1968, del guardia civil José Antonio Pardines, la primera víctima de ETA.

Por último, la asociación de Ordóñez menciona la web de memoria de Orio, en la que el etarra Patxi Uranga Salbide figura como víctima de "conculcación a la integridad física y psíquica" bajo custodia policial y de "torturas". Las únicas "pruebas" que se aportan para incluir la supuesta tortura, indica Covite, es lo que mantiene al respecto "Euskal Memoria".