La constructora por la que preguntaron Koldo y Ábalos se adjudicó un contrato por 58 millones en Navarra

Construcciones Murias, una de las empresas que sacó a relucir Isabel Pardo de Vera en su declaración en el Tribunal Supremo, integró una UTE que se adjudicó un contrato millonario en 2018 en Navarra. Se trata de una firma por la que se interesaron especialmente José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, ante la sospecha de que no estaba cobrando las liquidaciones que les correspondía.

Pardo de Vera sacó a relucir este episodio al preguntarle el magistrado del caso Koldo si estaba al corriente de algunas adjudicaciones "extrañas" en el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. "Yo recuerdo que Koldo y el ministro una vez me llamaron y me dijeron que había dos empresas contratadas por Adif que no se les estaba abonando de forma objetiva", dijo en referencia a las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Construcciones Murias.

La expresidenta de Adif relató que hizo las gestiones oportunas y contrastó que las obras se estaban liquidando de manera correcta. De Murias dijo que "estaba en una UTE en una de las obras del País Vasco desde hacía muchísimos años". En la Plataforma de Contratación del Sector Público figura cómo Adif adjudicó a la UTE Puentes Murias las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra, en concreto, el tramo que une las localidades de Olite y Talla.

Fondos de la UE

El presupuesto base de licitación fue cercano a los 58,3 millones de euros y se financió con fondos de la Unión Europea. La obra se licitó el 30 de julio de 2018 y se adjudicó el 31 de enero de 2019. A la oferta concurrieron 23 licitadores.

El empresario Víctor de Aldama señaló en diciembre a la primera de ellas al asegurar que pagó comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones millonarias del departamento de Ábalos. Del mismo modo, confesó un mes antes en la Audiencia Nacional que la trama adjudicó dichas obras en territorios como Navarra y el País Vasco, a pesar de que éstos estarían controlados por Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. De hecho, dijo que le dieron un sobre con 15.000 euros por haberse inmiscuido en lo que llamó "el cupo vasco".

Aldama aportó un listado de "obra pre-adjudicada", según dijo, sobre contrataciones correspondientes al ejercicio 2021, en su mayoría provenientes de la Dirección General de Carretera. Las obras en cuestión estaban señaladas con distintos colores en función de las que ya estaban comprometidas para firmas que les abonarían, a cambio, mordidas. En lo que respecta a Levantina, dijo que intervino en las obras del Club de Natación de Sevilla y que también obtuvo contratación con el Gobierno canario, presidido en el momento de los hechos por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Las confesiones de Aldama

La obra, por valor de 6,4 millones de euros, se adjudicó en mayo de 2022 y en la misma habría mediado Koldo García, siempre según el conseguidor del caso Koldo, el cual, recibió transferencias del dueño de Levantina en una de sus sociedades entre agosto y noviembre del año 2019 por un importe total de 77.500 euros. "Aunque se documentó como contrato de préstamo, se trató de pago de una comisión a don Víctor Aldama por la gestión de las adjudicaciones obtenidas del Ministerio de Transportes", expuso su abogado en el escrito remitido al Tribunal Supremo.

Esta confesión propició que el magistrado Leopoldo Puente abriera la puerta a investigar las adjudicaciones de Transportes bajo la etapa de Ábalos. De hecho, tanto el instructor como la Fiscalía Anticorrupción han advertido en recientes escritos que la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo trasciende el "asunto mascarillas" que propició la apertura de estas diligencias.

Por ello, el magistrado ha tomado declaración también a los empresarios señalados por Aldama y, del mismo modo, ha preguntado a testigos como Pardo de Vera por las supuestas adjudicaciones amañadas. En su comparecencia ante el juez, el dueño de Levantina, José Ruz, negó irregularidad alguna con las adjudicaciones o el pago de comisiones a Aldama para que se las hiciera llegar al entonces hombre fuerte de Pedro Sánchez y a su asesor.

Ruz explicó que entabló cierta relación de amistad con Koldo, con quien contactó en 2019 para que el Ministerio agilizara los cobros pendientes que tenía su empresa en Panamá y Argelia, como consecuencia de la crisis del petróleo. No obstante, negó que Koldo hiciera gestiones a su favor dentro de Transportes o que mediara para conseguir una obra en Canarias. Con todo, confirmó que transfirió 77.200 euros a una mercantil de Aldama, pero dijo que no lo hizo de Levantina, sino de su cuenta personal.