La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha puesto en guardia al juez Juan Carlos Peinado, instructor del "caso Begoña Gómez", sobre la posible comisión de un delito de apropiación indebida por parte de la esposa del presidente del Gobierno en el marco de su cátedra de Transformación Social Competitiva.

En un informe remitido al juez Juan Carlos Peinado, la Universidad Complutense -a la que el instructor negó el pasado 20 de junio la condición de perjudicada y la posibilidad de ejercer la acusación particular en el procedimiento- detalla la investigación interna que llevó a cabo en relación a una presunta "apropiación indebida" por parte de miembros de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, que codirigía Begoña Gómez, de los derechos de propiedad del software desarrollado en el seno de ese máster con el objetivo de esclarecer "si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria".

En ese escrito, el letrado de la universidad hace referencia a tres contratos por un total de 102.848 euros para el desarrollo de "de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad", en referencia a esa "plataforma o software". El primero, por un importe de 24.200 euros, se pagó a la empresa Making Science Group por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. El objeto del segundo, de 18.148,79 euros, era un servicio de "consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva", una factura que fue firmada por la propia Begoña Gómez. Y el último tenía por finalidad la asistencia y asesoría técnica y tecnológica "para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la pequeña y mediana empresa", por un montante de 60.500 euros.

Y es que uno de los objetivos de la cátedra codirigida por la esposa de Pedro Sánchez -que citó al rector de la Complutense en el Palacio de la Moncloa para proponerle el proyecto, según declaró al juez Joaquín Goyache, fue poner en marcha y desarrollar en los dos primeros años -así consta en el convenio por el que se acordó su creación- "una plataforma tecnológica digital concebida corno una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación".

El informe incide en que el artículo 194 de los estatutos de la Complutense dispone que el patrimonio de la UCM "está constituido por el conjunto de todos sus bienes, derechos u obligaciones" y que forman parte del patrimonio de la universidad "los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que esta sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de las fundones que le son propias". La UCM explica al juez que su investigación interna ha tenido como objetivo "conocer si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto, respecto de los servicios prestados (u objeto) a consecuencia de la factura y contratos" referidos.

La Universidad Complutense traslada al instructor que "las actividades de investigación realizadas no permiten" al centro "alcanzar una conclusión definitiva respecto a al existencia. o no de perjuicio sobre su patrimonio", sobre todo -subraya- "por la falta de colaboración de determinados intervinientes". Y dado que carece de "potestades que obliguen a la colaboración", remite al magistrado las actuaciones llevadas a cabo a fin de que sea él quien intente averiguar "si en la conducta de la los órganos de dirección de la cátedra han existido conductas no ajustadas a derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio de esta universidad pública".

¿A qué responden esas quejas sobre la falta de colaboración de los responsables de la cátedra? El letrado de la universidad explica que el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, activó los "mecanismos" de control de la cátedra y convocó para el pasado 24 de junio a la Comisión Mixta de Seguimiento para, entre otras cuestiones, evaluar "la situación y estado de la información requerida por la Gerencia de la UCM a la dirección de la cátedra". Pero la reunión tuvo que aplazarse a petición de Begoña Gómez, que esgrimió "motivos personales" (su padre falleció dos días después), fijándose para el pasado 4 de julio, por lo que en el momento de redactar ese informe el 1 de julio esa comisión no se había celebrado, aunque según fuentes de la universidad que sí se celebró, presidida por el rector y con la asistencia de Begoña Gómez.

Antes, el pasado 10 de junio, la universidad solicitó información sobre esos contratos a la Escuela de Gobierno de la UCM, a la que está adscrita la cátedra de Begoña Gómez, que un día después aclaró que aunque cuenta con copias de esos expedientes, "al imputarse con cargo al fondo de la cátedra y ser su ejecución responsabilidad de la su dirección", no había recibido "el resultado de los trabajos en ningún tipo de formato", que debían estar en manos de los responsables de la cátedra, Begoña Gómez como directora y José Manuel Ruano, profesor de Ciencia Política de la UCM, como codirector.

La Complutense se dirigió entonces directamente a ambos. Mientras Ruano afirmó no tener la documentación solicitada y trasladó a la esposa de Pedro Sánchez la responsabilidad de atender ese requerimiento, Begoña Gómez se limitó a contestar el 12 de junio mediante un correo electrónico que estaba "reuniendo la información". Sin embargo, tres semanas después la UCM consigna que "no se ha recibido el contenido esperado".

Así las cosas, la universidad encargó una auditoría interna sobre "los gastos económicos" de la cátedra de la esposa del jefe del Ejecutivo, un informe que la interventora de la UCM presentó el 19 de junio. A ese informe se unió un segundo dictamen, este de la Vicegerencia de Contratos de la UCM sobre los "procesos administrativos contractuales tramitados" en relación a la cátedra.

Esa falta de cooperación y "la complejidad del tema" ha llevado a la universidad a constatar que no podrá alcanzar "por sus propios medios" una conclusión definitiva "más allá de los indicios existente", por lo que deja en manos de Peinado la continuación de las pesquisas, aunque hace hincapié en que si ve indicios de delito admita su personación en la causa como perjudicada en calidad de acusación particular.

La UCM -que señala que en su condición de administración pública está "legalmente obligada a defender su patrimonio"- adjunta a su escrito remitido a Peinado tanto una copia del convenio por el que se creó la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez como de las facturas de los contratos controvertidos.

La Complutense intentó comprobar en el Registro de la Propiedad Intelectual si Begoña Gómez había registrado a su nombre la empresa Transforma TSC, pero al carecer de su DNI la gestión resultó infructuosa. Lo intentó entonces en la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde sí puedo constatar la existencia de dos marcas a favor de la esposa de Pedro Sánchez, TSC-Transformación Social Competitiva, desde el 2 de noviembre de 2020, y TSC Transforma Plataforma de Medición e Impacto Social y Medioambiental, desde el 25 de abril del pasado año. Pero deja claro que no tuvo conocimiento de ambas marcas hasta "la publicación por los medios de informaciones referidas a Begoña Gómez.

Respecto al registro a su nombre de la empresa Transforma TSC -cuyo objeto social es impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva "para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible"-, deja claro que se llevó a cabo "sin conocimiento ni participación de esta universidad".

Para la universidad, tanto su "denominación" y "objeto" como la "persona que la constituye" puede dar lugar a "como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.