El contenido de la carta del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que ayer dio a conocer LA RAZÓN, ha tenido una enorme repercusión. En el contenido de la misiva, que fija la posición de la Comisión Europea (CE), se da respuesta a la consulta planteada por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez sobre si se pueden «obviar» o «saltar» los efectos suspensivos de una cuestión prejudicial en el caso de la futura ley de amnistía. La pregunta estaba motivada por las enmiendas introducidas y aprobadas en el texto de la proposición de ley. En ella, sin mencionar de forma directa al TJUE, se estipula el levantamiento obligatorio e inmediato de «las medidas restrictivas de derechos que hubieran sido adoptadas, incluso en aquellos casos en los que se produzca una eventual suspensión del procedimiento judicial». Tal como aclaran fuentes jurídicas consultadas por este periódico, solo en dos supuestos se aplica esta suspensión: cuando el juez de la causa presenta una cuestión de inconstitucionalidad ante del Tribunal Constitucional (TC) y cuando se eleva una cuestión prejudicial ante la Corte de Luxemburgo. Con esta enmienda, el PSOE y los representantes de Junts y ERC pretendían blindar el texto legal de los efectos de esta herramienta al alcance de cualquier magistrado, en un intento de asegurar la aplicación inmediata de la medida de gracia pactada en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, desde Bruselas se pone el acento en que los efectos suspensivos vinculados a la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE no pueden dejarse sin efecto en ningún caso, ni siquiera si una norma nacional así lo establece. En cuatro párrafos, Reynders despeja todas las dudas e, incluso, alude a la jurisprudencia de la propia Corte de Luxemburgo. En primer lugar, cita el artículo 23 del estatuto que rige el funcionamiento del TJUE, que señala que «en los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional». Y agrega que en las recomendaciones para los órganos jurisdiccionales que utilicen esta herramienta legal, se establece que cualquier magistrado que tenga dudas y que eleve una cuestión prejudicial, no está obligado a adoptar ningún tipo de medida adicional. Por el contrario, solo tiene que esperar la respuesta del tribunal europeo, por lo que el procedimiento judicial seguiría tal como estaba, con las medidas cautelares sin modificación alguna. Además, en la carta firmada por Reynders se indica que «la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también ha señalado que el procedimiento prejudicial exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia».

Otro aspecto de relevancia que destaca en la misiva y que tiene relación directa con lo que recoge la enmienda a la proposición de ley de amnistía es la prevalencia que tiene la normativa europea sobre las leyes nacionales. «Del principio de primacía se desprende que la exigencia del Derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca». Es decir, aunque la amnistía entre en vigor y establezca que las medidas cautelares se levantarán incluso si hay efectos suspensivos, lo que se impone es la normativa europea. Es decir, se aplicará la suspensión.

Por su parte, Adrián Vázquez, al dar a conocer públicamente el contenido de la carta a lo largo de la mañana de ayer, reiteró esta idea. «La Comisión Europea me confirma que ninguna ley nacional se puede aplicar saltándose la justicia europea. Por mucho que les convenga a Puigdemont y a Pedro Sánchez. Quienes tienen como estrategia saltarse las leyes, chocarán contra los valores de la UE», sostuvo el eurodiputado.

La carta de Reynders es un espaldarazo para quienes creen que la amnistía no tiene encaje jurídico a nivel nacional y que contraviene el Derecho de la UE. Y se confirma que si un juez eleva una cuestión prejudicial, la aplicación de la amnistía se suspende.