Este lunes comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra Carlos Salamanca, el excomisario del aeropuerto de Barajas, en Madrid, por la primera pieza del puzle del caso Tándem o caso Villarejo. Se le acusa facilitar el ingreso irregular a España de ciudadanos de Guinea ecuatorial, a cambio de dádivas y de beneficios. Es el segundo juicio de esta causa en el que el excomisario José Manuel Villarejo no está acusado, pero que ya fue condenado a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental en su primera sentencia, que él y la Fiscalía recurrieron.

La Audiencia Nacional juzgará al excomisario Salamanca, que resultó absuelto en la Operación Emperador en la que se investigaba una red de blanqueo presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping y al empresario Francisco Menéndez. El juicio tendrá lugar del 8 al 11 de enero, informa Efe.

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para el excomisario de Barajas por delitos de cohecho pasivo, contra los derechos de los ciudadanos y prevaricación, y seis meses para Menéndez, a quien se atribuye la denuncia inicial que dio origen a la investigación, que fue realmente presentada de forma anónima por un tercero, David Vidal, por miedo del empresario a posibles represalias, según la versión que aportó éste último en el juicio a Villarejo, donde se identificó como un excolaborador del CNI.

Los hechos de esta pieza se enmarcan entre 2012 y 2015, cuando el empresario, según el escrito de acusación de la Fiscalía, presuntamente habría abonado a Salamanca dádivas a cambio de facilitar la entrada irregular de responsables de Gepetrol, petrolera de Guinea Ecuatorial a la que Menéndez estaba vinculado, así como también de su suegra. El empresario prestaba servicios de consultoría a esa compañía a través de la mercantil Framen Consultores y Asesores, de la que era administrador único.

Con el objeto de dar servicios de apoyo para dichos clientes que solo se podían prestar "mediante el abuso de la condición policial", recurrió a Salamanca, jefe del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas entre 2006 y 2015. Desde 2016 hasta su detención en noviembre de 2017 junto a Villarejo, Salamanca fue comisario jefe de la Unidad Central de Fronteras.

La Fiscalía cree que desde su puesto en Barajas y en connivencia con Menéndez, ordenó que se expidieran visados en frontera "de forma arbitraria" en al menos cuatro ocasiones entre 2012 y 2013.

"Abusando de su puesto", sostiene, dispensaba a esos viajeros un tratamiento VIP, recogiéndoles a pie de avión y acompañándoles a la salida del aeropuerto, para burlar la vigilancia y control de aduanas y permitir "la introducción de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin efectuar la preceptiva declaración de movimientos de medios de pago".

A cambio, Salamanca recibió "vehículos de alta gama" como un Porsche Cayenne y un Panamera, "relojes (entre ellos un Rolex de 30.700 euros), viajes de lujo, palcos deportivos, beneficios económicos a terceros y entregas de dinero en efectivo" por más de 100.000 euros. La Fiscalía destaca la colaboración de Menéndez en la averiguación de los hechos y la identificación "de múltiples investigados", y recuerda la denuncia recibida en abril de 2017 y un documento fechado el 29 de marzo de 2012 titulado "Propuesta económica" bajo la denominación de "Proyecto King", uno de los que se atribuyen a Cenyt, entramado empresarial de Villarejo.

Menéndez reconoció los hechos ante Fiscalía y aportó nueva documentación que acreditaba pagos a cuentas de Panamá y Uruguay, tituladas por mercantiles controladas por Villarejo y notas con "coordenadas para realizar transferencias", lo que "permitió a la postre la reconstrucción de una operativa de blanqueo de capitales, objeto de investigación en la pieza principal de esta causa"