El CGPJ prevé 4.000 revisiones por la ley del «solo sí es sí»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere saber con exactitud cuántos casos de agresiones sexuales son susceptibles de revisión por la polémica ley del «solo sí es sí». Con ese objetivo, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha acordado reclamar a tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales todas las resoluciones que han dictado en aplicación de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero desde que el pasado mes de octubre entrara en vigor.

Pero el CGPJ ya tiene una cifra sobre la mesa. Según los datos que le ha facilitado Instituciones Penitenciarias, en las cárceles españolas hay exactamente 4.030 presos por delitos sexuales (no todos cumpliendo condenas, pues esa cifra incluye también a imputados en prisión preventiva). Pero fuentes del órgano de gobierno de los jueces apuntan que el número de condenas a revisar (habrá que ver si con rebaja o no de penas) será «mucho mayor» porque «muchos pueden estar en libertad si no tenían antecedentes o por suspensión de la ejecución de la condena». Celebrar los juicios pendientes, explican, «llevará años», por lo que aventuran que «habrá miles de casos más con total seguridad».

«Hace falta un mapa completo y riguroso» del número de casos, aseguran, examinando «caso a caso» en los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales (el informe que ahora ha solicitado el CGPJ), pero también en juzgados de lo penal y de instrucción. Estas cifras las recabará el Observatorio contra la Violencia de Género que, además, ha solicitado «los medios materiales y personales necesarios para realizar esa labor».

Y avisan de que, un listado que en circunstancias normales «podría estar listo en una semana o a lo sumo diez días» se demorará muchos más al coincidir con la huelga de los letrados judiciales. Asimismo, fuentes consultadas en la Fiscalía General del Estado que, al inicio de la entrada en vigor de la ley solicitó a todos los fiscales superiores que remitieran los datos a la central, rechazan ofrecer una cifra fiable. Dicen que, por el momento, solo tienen números parciales. La orden que dio el fiscal general Álvaro García Ortiz a toda la carrera fue recurrir el mayor número de condenas que se rebajen para que los órganos superiores judiciales consoliden criterio. Precisamente esta semana ya se ha conocido la primera resolución judicial en la que, tras un recurso de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares mantiene la reducción de la condena.

Según fuentes del CGPJ, «los efectos de la Ley Montero se van a producir durante años, porque se seguirá aplicando como normativa más favorable al reo en todos aquellos hechos cometidos antes de que entre en vigor la anunciada reforma penal de la ley del «solo sí es sí». Y recalcan que eso será así porque «solo tiene efectos retroactivos la ley más favorable para el reo, y no es así si resulta más perjudicial» (como sucederá si el Gobierno saca adelante la reforma de la ley para elevar la horquilla mínima de penas para las agresiones sexuales).

A la espera de las cifras oficiales, algunos gabinetes de prensa de tribunales superiores van facilitando los datos recabados entre sus jueces. Ayer, por ejemplo, actualizaron cifras Madrid y Castilla y León alcanzándose el medio millar de beneficiados por la ley del estrella del Ministerio de Igualdad. Según el recuento que ha venido haciendo este periódico desde el inicio (a base de las sentencias publicadas y los datos agregados de los tribunales que llevan el recuento), ya son un total de 507 los favorecidos y de ellos 42 han conseguido la libertad. Esto quiere decir que del total que se revisa a la baja un 8,28% consiguen la excarcelación.

Solo en 2021 el número de condenados por agresiones sexuales fue de 3.196 (cifras del CGPJ) por lo que todos esos delincuentes tienen ahora la posibilidad de reducir su castigo.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía va a la cabeza del listado con 112 sentencias revisadas a la baja. En Córdoba se cuentan 15, en Málaga 18 , en Huelva seis, Granada nueve o en Cádiz 51. Le sigue Madrid que tiene 73 fallos con restas de condenas y todavía hay más de 300 en proceso de análisis. Con cifras altas también están la Comunidad Valenciana (55), el País Vasco (53), Galicia (45), Baleares (39) y Castilla y León (32). Entre 10 y 20 casos están Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias y Cataluña. Y, finalmente, en la parte baja de la tabla se encuentran Extremadura (8), Cantabria (7), Navarra (4), Murcia (2), La Rioja (2) y Aragón (2). Es reseñable que absolutamente todos los territorios tienen al menos dos rebajas.