CC OO recibió 762.000 euros para rehabilitar un centro sindical

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga una ayuda excepcional de 762.445 concedida por la Consejería de Empleo a Comisiones Obreras para la creación de un Centro de Investigación y Difusión Sindical. La subvención se encuentra dentro de los 51 tomos sobre los que la juez Mercedes Alaya ha levantado recientemente el secreto de sumario y que se centran en el pago de sobrecomisiones y la introducción de este dinero en el circuito financiero a través de testaferros y empresas pantalla.

Dentro de las ayudas institucionales, aparece una comunicación oficial del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero –que salió ayer de prisión– a la sede central de CC OO en Andalucía, en la que señala que adjunta la resolución del consejero de Empleo «por la que se concede una subvención excepcional para la creación de un centro de Investigación y Difusión Sindical en la calle Morería número 10 de Sevilla». El documento está fechado el 31 de diciembre de 2006. El titular de Trabajo en ese momento era Antonio Fernández, que también fue encarcelado. Salió de prisión tras pagar 450.000 euros.

Fuentes de CC OO-A consultadas por este periódico confirmaron que el sindicato cobró efectivamente la ayuda. El dinero fue empleado en la rehabilitación de la sede de la Fundación de Estudios Sindicales, que CC OO-A defiende como uno de los fondos archivísticos más importantes de España sobre el movimiento sindical, que alberga documentos sonoros, documentales y sirve de foro de conferencias. «Hubo que adquirir el edificio y luego se rehabilitó. Una reforma en el casco histórico siempre implica un coste elevado. El gasto superaba la subvención que había concedido la Junta. Todo el dinero de la subvención está justificado», insisten las mismas fuentes. Ante la pregunta de por qué fue Empleo y no Vivienda quien otorgó la ayuda para la rehabilitación de un edificio, la respuesta es que «probablemente» la Junta «desvió» al sindicato a esa Consejería al no encontrar respuesta en otros departamentos. Al tratarse de una subvención excepcional, la resolución debió ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Este periódico no encontró rastro de la citada ayuda.

Tanto CC OO como UGT están en el foco de la investigación judicial de los ERE. Empresas de los dos sindicatos cobraban una comisión de entre el 0,5 y el 1 por ciento de cada póliza por actuaciones que la juez considera «peregrinas». La única contraprestación era la de facilitar a las mediadoras información privilegiada sobre las empresas en las que se iban a llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Las mediadoras –el conglomerado de Vitalia y Uniter– eran las que pagaban el dinero a los sindicatos. La suma, según la investigación, ronda, al menos, los 7,6 millones de euros.

Un testaferro, en UGT

Por otra parte, uno de los testaferros de la trama, Juan Francisco Algarín Lamela, aseguró en su declaración a la Guardia Civil que «sobre 2002-2003» recibió una llamada del conseguidor Juan Lanzas «citándole para una reunión en la sede del sindicato UGT en Sevilla». El motivo de la llamada era «montar una empresa de aceite» con él y varias personas más. Se produjo la reunión, en la que Lanzas «dijo que él conocía a una persona que pondría unos 800.000 euros», pero al final el proyecto no se realizó.

Algarín, que ha estado en la cárcel de forma preventiva, es uno de los principales testaferros de Juan Lanzas, encargado del reparto de dinero de las sobrecomisiones que el «conseguidor» recibía en su red de empresas pantalla.