Terrorismo
«Caso Querol»: un mapa de objetivos señala a siete etarras
Un informe de la Policía enviado a la Audiencia Nacional identifica las huellas del sucesor de «Txeroki» en un plano incautado a la banda terrorista remitido por Francia
La investigación del asesinato del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Francisco Querol el 30 de octubre de 2000 -un atentado en el que también perdieron la vida su escolta y su chófer, además de un conductor de autobús de la EMT- puede dar un giro por la identificación de las huellas y los restos de ADN hallados en un piso franco de ETA en Merignac, localidad francesa situada a pocos kilómetros de Burdeos, que la organización terrorista utilizó hasta junio de 2008.
En total, 89 huellas que en enero de 2011 la Policía francesa remitió a España a través de los instrumentos de cooperación policial internacional, de las que la Policía Científica pudo identificar 37.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a varios exjefes de ETA y a los supuestos autores materiales del atentado -uno de los 379 de la banda criminal todavía huérfano de condenas- acaba de recibir el informe de la Comisaría General de Información de la Policía que reclamó en octubre del pasado año para esclarecer qué etarras ocuparon la vivienda situada en el número 7 de Residence des Iris, donde la Gendarmería francesa se incautó de un plano de Madrid con anotaciones de posibles objetivos entre los que figuraba el atentado contra el magistrado de la Sala Militar del alto tribunal.
La Policía ya había informado al respecto al magistrado en febrero de 2022, pero Pedraz solicitó una ampliación de sus conclusiones que han requerido la colaboración de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) de la Policía Judicial francesa. El resultado, un informe del pasado día 12 que identifica las huellas de siete terroristas en objetos encontrados en el piso franco, destacando entre ellas las que los agentes hallaron en "un plano de Madrid con marcas en distintos puntos y algunas anotaciones manuscritas", recogido en el sello CH/10, vinculadas -según apunta la Policía- "con la planificación y/o ejecución de atentados terroristas cometidos en Madrid" por el "comando Buru Hauste".
En ese mapa "se señalaban expresamente cinco de esos atentados", cometidos el 8 de agosto y el 30 de octubre de 2000 -el asesinato del juez Querol- y el 11 de mayo, 28 de junio y 6 de noviembre de 2001. Un mapa en el que los agentes identificaron cuatro huellas dactilares del ex jefe "militar" de ETA Aitzol Iriondo y otras dos del etarra Joseba Troitiño, condenado por la campaña de verano etarra en la costa levantina en 2003. Ambos se encuentran en prisión (Iriondo en el centro penitenciario francés de Lannemezan) cumpliendo condena.
Pero no fueron las únicas huellas o restos de ADN de etarras que se identificaron en esa vivienda de Merignac, utilizada como "infraestructura" por miembros "liberados" de ETA (refugiados en el sur de Francia) en la zona de Burdeos desde el 1 de noviembre de 2006 hasta su "precipitado abandono" a finales de mayo o primeros de junio de 2008 a consecuencia de la detención en Burdeos del dirigente etarra Francisco Javier López Peña, "Thierry". La Policía da cuenta del hallazgo de "impresiones dactilares" de Oihana Garmendia, "Karel", exintegrante del "aparato de información", y de Javier Arruabarrena, exmiembro del "comando Vizcaya", ambos en libertad en la actualidad y a quienes señala como "inquilinos habituales" del piso, a quienes se uniría a partir de abril de 2007 Faustino Marcos Álvarez (sus restos se encontraron en un mapa de Vizcaya recogido en la vivienda), también perteneciente entonces al "subaparato de información" y en libertad desde el pasado 8 de abril tras cumplir su condena.
En la vivienda -desahuciada en julio de 2009 tras la denuncia del impago del alquiler-, los agentes también encontraron tres mapas de Madrid sin anotaciones y en uno de ellos hallaron huellas del etarra Alberto Garmendia, exintegrante del "aparato de formación" fugado a Francia a finales de 2003 y en libertad desde 2010. Asimismo, cinco huellas delataron a Egoitz Gurruchaga, exmiembro del "comando Olaia", fallecido el 23 de septiembre de 2002 en Bilbao al explosionar el artefacto que transportaba en un vehículo junto a otro etarra.
Al margen de los etarras que vivían en el piso, según la Policía el resto de los miembros "liberados" identificados "habrían mantenido algún tipo de relación orgánica no determinada con precisión bien con los inquilinos habituales de esa vivienda bien con las actividades delictivas de carácter terrorista que en ella se pudieron planificar y/o realizar".
El informe policial original estaba incluido a la investigación por el atentado cometido en 2001 en la madrileña calle Corazón de María contra el entonces subsecretario de Política Científica Juan Junquera, en el que casi un centenar de personas resultaron heridas y por el que en marzo de 2021 fue condenado a 1.008 años de prisión Juan Luis Rubenach, "Txurdo".
Fue la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) la que pidió que se incorporara al procedimiento en el que se investiga el asesinato de Querol, en el que la asociación que preside Maite Araluce ha solicitado el procesamiento, como autores materiales, del propio Rubenach y de los también exintegrantes del "comando Buru Haute" Ana Belén Egüés, Gorka Palacios e Iván Apaolaza.
Ahora, las acusaciones deben determinar si alguno de estos siete terroristas pudo tener algo que ver con el atentado contra el juez Querol. Dignidad y Justicia (DyJ) -que se querelló contra once exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en este atentado- está intentando precisar qué papel pudo jugar Aitzol Iriondo en el asesinato (en 2000 tenía 23 años y se le vinvulaba con la "kale borroka", aunque en octubre de 2002 huyó a Francia tras la desarticulación del talde de apoyo al "comando Donosti". ¿Qué función desempeñaba en ETA en diciembre de 2000? Eso es lo que ahora pretende desentrañar la asociación que preside Daniel Portero.
Por su parte, fuentes de la AVT hacen hincapié en que la documentación incorporada recientemente a la causa refuerza los indicios contra los cuatro etarras cuyo procesamiento han solicitado.
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