La Fiscalía Anticorrupción apunta ya a un delito de cohechocon el alquiler del piso de Jessica Rodríguez que costeó la trama Koldo. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, avisa que este tipo penal por el que se investiga a José Luis Ábalos (junto con el de presunta organización criminal y tráfico de influencias) cobra fuerza tras constatarse sus vínculos con la red que se materializaron, principalmente, con el pago de la vivienda de su entonces pareja.

A juicio del Ministerio Público, se está ante "delitos de indiscutible gravedad" que hacen que no se le puedan levantar las medidas cautelares que el magistrado Leopoldo Puente acordó contra él tras interrogarle el 20 de febrero. En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Anticorrupción pone el foco en el alquiler de la vivienda de lujo que disfrutó Jessica durante más de tres años y por el que la trama integrada por Víctor de Aldama abonó más de 88.000 euros.

Del mismo modo recuerda que, además de este abono, el cohecho se vislumbra con la compra de un chalet que eligió el propio Ábalos para su disfrute en Cádiz. Esta vivienda se adquirió a través de Have got time, mercantil en la que figuraba como apoderada Carmen Pano pero que, en realidad controlaban Víctor de Aldama y Claudio Rivas, empresario del fuel al que se le investiga por un presuntofraude de más de 200 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos.

"Poderosos indicios de entrega de dádivas"

Al disfrute de estas dos viviendas Anticorrupción se suman los presuntos abonos en metálico que habría percibido el exdirigente socialista de manos de Koldo García. "Y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades una vez más por Víctor de Aldama a Koldo García, asesor -más bien, 'asistente', en palabras del propio aforado- para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos Meco constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo", precisa, en relación con el delito de cohecho.

El artículo 419 del Código Penal castiga con una pena de tres a seis años de cárcela la autoridad o funcionario público que reciba "dádiva, favor o retribución" de cualquier clase para realizar un acto contrario a sus deberes. Con todo, existen dos formas básicas de este delito: el cohecho pasivo (que castiga la conducta del funcionario que acepte la dádiva) y el cohecho activo (que lo comete el particular que ofrece dádivas al funcionario o la autoridad pública).

Los indicios a los que alude Anticorrupción le llevaron a pedir al magistrado Leopoldo Puente que le mantuviera las medidas cautelares relativas a la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y las comparecencias quincenales en sede judicial si bien, en consonancia con lo solicitado por el exministro, se le permite que lo haga en los juzgados de Valencia, su localidad natal y en la que reside.

Beneficiado por su condición de diputado

Con todo, recuerda al que fuera 'número 3' del PSOE que precisamente su comparecencia voluntaria en diciembre del año pasado, cuando todavía estaba aforado, y su condición de diputado, "han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía para no solicitar otras medidas más restrictivas de su libertad", como podría ser la prisión provisional. Anticorrupción se queda de momento en este punto y matiza que el "puntual cumplimiento" de estas medidas acordadas "evitará que en el futuro pueda solicitarse un marco de sujeción al procedimiento más restrictivo".

Como desveló este medio, el Ministerio Público ya le advirtió hace unos días que la investigación del Tribunal Supremo ya no se ciñe al "asunto mascarillas", sino que se indaga la actuación de Ábalos mientras dirigió el Ministerio de Transportes, incluidas las adjudicaciones concedidas desde su departamento. Especialmente después de que Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama, apuntara a un presunto amaño de obra pública a favor de empresas vinculadas a la trama.

El magistrado Puente ha atendido su requerimiento y le mantiene las cautelares con posibilidad de firmar en los juzgados de su localidad. En su auto, el instructor ha advertido de que tanto lo relativo al alquiler del piso de Jessica como la casa de Cádiz que le compró la trama en 2021 presentan una "particular potencia incriminatoria". "Solo puede, en este momento, confirmarse la existencia de razonables indicios de la posible comisión de integración enorganización criminal, tráfico de influencias y cohecho", afirma.

Del mismo modo tampoco descarta que mediara para, a cambio, recibir dádivas de esta trama de hidrocarburos en cuya cúspide se sitúa también a Aldama. "Resulta irrelevante, en este sentido, que las competencias del Sr. Ábalos Meco no se extendieran a la concesión de licencias en materia de operadores de hidrocarburos, por cuanto la dádiva o premio bien pudiera estar orientada, como aquellos sostienen, a que desplegara la indebida influencia que los actores perseguían ante quien procediese", expuso el magistrado.

La declaración de Pardo de Vera

Mientras tanto, el procedimiento continúa con las declaraciones en sede judicial. En la jornada de este miércoles -con la que se puso fin a la ronda de 17 testificales- desfilaron, entre otros, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. La directiva, que ya compareció en septiembre en la Audiencia Nacional por el contrato de compra de mascarillas de Adif a la empresa del caso Koldo- desveló dos episodios relevantes para la investigación.

El primero de ellos concierne a dos constructoras, una de las cuáles señaló a Aldama por presunta corrupción. La expresidenta de Adif contó que su entonces jefe, Ábalos, y Koldo García, le trasladaron que había dos empresas adjudicatarias de un contrato de Adif que no estaban cobrando lo que debían. Tras efectuar las oportunas averiguaciones, les trasladó que estaban percibiendo las liquidaciones correctamente y que si tenían algún problema que acudieran a "los tribunales".

Una de ellas, Levantina, Ingeniería y Construcción S.L, fue identificada por Aldama como una firma que habría pagado mordidas a la trama a cambio de adjudicaciones de Transportes. Pardo de Vera dijo que vio a su dueño, José Ruz, por el Ministerio en alguna que otra ocasión, estrechando el cerco de esta forma a los empresarios ligados a la red. La directiva se pronunció de esta forma al ser preguntada expresamente por el juez por posibles "conductas irregulares" cometidas entonces.

Los enchufes en Ineco

El segundo episodio relevante para la investigación tiene que ver con Ineco. Según expuso, Ábalos y Koldo le sugirieron que contratara personal en Ineco, en concreto, se le pregunto por "algún puesto administrativo para el hermano de Koldo". Precisamente Joseba García, investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, fue contratado en esta empresa pública dependiente de Transportes, al igual que Jessica.

En plena investigación por estos 'enchufes' en órganos públicos, Pardo de Vera desvela que le preguntaron por contratos en esta firma, donde ella trabajó en 2007. "Yo les dije que había ofertas públicas y oposiciones y que era la única forma de contratar", asegura, deslizando que le sugirieron dar trabajo al hermano del asesor y también a la expareja de Ábalos, contratada como administrativo sin ir a trabajar. "¿Quería que se contratara al hermano de Koldo?", preguntó el juez, a lo que ella respondió: "Sí, pero como administrativo".

Además de Pardo de Vera, también comparecieron el exdirector general de carreteras, Javier Herrero -que negó irregularidad alguna en su departamento-, el oficial mayor Alejandro de Alas-Pumariño, y Manuel Contreras; este último presidente del Grupo Azvi que pidió permiso al Tribunal Supremo para querellarse contra Aldama por las acusaciones sobre amaño de adjudicaciones.