"Caso Begoña Gómez": Manos Limpias amplía su denuncia y reclama ahora la retirada del pasaporte

Manos Limpias ha vuelto a ampliar su denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y ahora pide al juez que retire el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, que no está imputada en la causa.

El colectivo de funcionarios -cuya denuncia del pasado 9 de abril activó la investigación judicial, pero que aún no ha solicitado su personación como acusación popular-, argumenta en el escrito que ha registrado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que "dadas sus relaciones internacionales", la esposa de Pedro Sánchez "puede destruir pruebas y alertar a sus contactos, con lo que ello supondría de obstáculos a la instrucción".

En el escrito, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, incide en que en los contratos otorgados por Red.es, el organismo público adscrito al Ministerio para la Transformación Digital, al empresario Carlos Barrabés (que supuestamente fue avalado por carta por la esposa del presidente del Gobierno) "se exigían certificados de administraciones públicas para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras". Y recalca que los certificados "los emite el órgano pagador, y nunca el cobrador", como es el caso -afirma- de Begoña Gómez, en referencia a que "su máster fue costeado por Carlos Barrabés".

La ampliación de la denuncia hace hincapié en que la Administración del Estado "no admite recomendaciones en sus contratos", algo que según defiende sí ocurrió en el caso de Gómez respecto a Barrabés, que resultó adjudicatario de sendos contratos, a los que concurría a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas) por valor de diez millones de euros.

Manos Limpias ve necesaria la retirada del pasaporte porque aunque ve "imposible" el riesgo de fuga "puesto que es la esposa del presidente del Gobierno", sí cree que podría "aprovechar sus contactos internacionales para obstaculizar e incluso destruir pruebas".

Batería de diligencias

Entre las diligencias solicitadas por Manos Limpias en su denuncia inicial y sus posteriores ampliaciones, el juez únicamente ha acordado citar a declarar mañana como testigos a representantes de dos medios digitales, "El Confidencial" y "ESdiario", que publicaron las informaciones sobre las actividades empresariales de Begoña Gómez.

El colectivo de funcionarios también ha incluido en su denuncia recientemente, como supuestos cooperadores necesarios, a los empresarios Carlos Barrabés, Víctor de Aldama -imputado en la "trama Koldo"- y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, con quien se habría reunido mientras se negociaba el rescate de Air Europa con más de 600 millones de dinero público.

Además, solicitó al juez Peinado que reclamase a Moncloa los teléfonos de Gómez y ordenase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine la "lista de llamadas" "para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí", la SEPI, Air Europa y los tres empresarios citados. Asimismo, instó al magistrados a esclarecer "el listado de entidades privadas y públicas" con las que la esposa del presidente del Gobierno ha tenido relación a través de IE África Center, del que "es directora".

El juez Peinado -que declaró la causa secreta- no se ha pronunciado sobre ninguna de estas diligencias. La Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid su decisión de abrir diligencias al no apreciar indicios de delito en la denuncia. Si la Sala comparte el criterio del Ministerio Público, las actuaciones deberían archivarse.

La asociación provida Hazte Oír también ha denunciado a Begoña Gómez ante el juzgado por los mismos hechos, una querella sobre cuya admisión el instructor no se ha pronunciado. En la misma, sostienen que "se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades", aprovechando incluso su presencia como "miembro del sequito de acompañamiento del presidente del Gobierno en varios viajes oficiales". Según esa denuncia, "desde sus cargos y puestos laborales" se habría ofrecido para "influir ante su propio esposo, como presidente de Gobierno, para la concesión de subvenciones y ayudas públicas", en referencia a las "cartas de recomendación a los expedientes administrativos de concesión del concurso".