Al etarra Uribechevarria Bolinaga, en libertad condicional desde hace casi dos años, se le relaciona ya con el asesinato del guardia civil gaditano Antonio Ramos Ramírez. Pero, además, podría dar información muy valiosa de nueve casos más de asesinatos sin resolver de ETA, si es que no está implicado en la comisión de dichos atentados también. Así mismo, podría facilitar mucha información de gran valor, pero sigue sin colaborar con la Justicia. Del perdón a las víctimas poco quiere saber Bolinaga, pues en una ocasión llegó a despreciar a todo el colectivo de víctimas del terrorismo.

Bolinaga está adscrito a la cárcel de Zaballa (Álava), al igual que 16 terroristas más de ETA que gozan de unos beneficios penitenciarios surgidos de la mal llamada «Vía Nanclares», urdida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y actualmente en suspenso. Todos ellos se han beneficiado de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, permisos ordinarios y extraordinarios y semilibertad o libertad condicional porque, supuestamente, habían colaborado con la Justicia. Pero lo grave es que podrían esclarecer 82 de los 229 casos que se han sobreseído, están prescritos o donde no hay constancia documental en la Audiencia Nacional desde el año 80 hasta la actualidad. De estos 82 casos de los que podrían facilitar información, 15 de ellos aún no han prescrito, por lo que podrían reactivarse judicialmente. De momento, ninguno de ellos ha colaborado con la Justicia.

Bolinaga ha participado, como mínimo, en tres asesinatos y en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, formando parte del comando Txantxangorri, de 1985 a 1987, y del Goherri entre 1991 y 1997. Durante esos años, hay constancia judicial de que este miembro de ETA, en libertad condicional tras cumplir solamente 15 años de prisión, a pesar de estar condenado a 260 años de cárcel, no ha facilitado ninguna información para esclarecer diez de los 229 casos sobreseídos o prescritos. Concretamente, podría colaborar con la Justicia para aclarar cuatro casos sobreseídos que aún no han prescrito, pero que en los próximos años sí que podrían hacerlo si este miembro de la banda terrorista no ayuda ni muestra ningún tipo de colaboración, tal y como se informó en la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo del mes de septiembre de 2013. Son muchos meses, son muchos años, son 347 casos sin resolver de asesinatos de ETA en los que hay casos de prescripción, autos de sobreseimiento, sentencias incompletas..., en los que los tribunales españoles agotaron y están agotando todos los resquicios para evitar tanta impunidad.

Si, además, tenemos en cuenta la Ley de Amnistía y los procesos sin resolver de asesinatos de ETA, casi llegamos a los 500 casos de impunidad por los que aún no se ha hecho justicia a tantas víctimas de ETA. Si también añadimos los atentados de ETA con heridos, superamos los 1.000 casos sin resolver de ETA, sin que sus autores hayan cumplido un solo año de cárcel.

Desde el año 1995 a 1997, Bolinaga perteneció a la cúpula militar de ETA en Guipúzcoa, teniendo constancia de los asesinatos que se produjeron en esta provincia. Gracias a la ayuda que recibió en su pueblo, Mondragón, y en los de Vergara, Elorrio y Legazpi, logró tejer una serie de pisos francos a través de los cuales se movía pasando inadvertido para coordinar atentados o secuestros que fueron posteriormente una realidad.

Desde que en noviembre de 1996 fue detenido el jefe del aparato logístico Atxura Egurola, alias Pototo, Bolinaga adquirió un poder mayor en la organización terrorista, convirtiéndose en uno de los hombres de confianza del jefe del «aparato militar» Iñaki de Rentería, al que posteriormente delataría ante la Guardia Civil cuando fue detenido.

Todavía seguimos haciéndonos muchas preguntas respecto al asesino múltiple Bolinaga que no tienen una respuesta convincente. Un individuo con tres asesinatos a sus espaldas y un secuestro cometido con el Código Penal de 1995 en vigor, debe cumplir 30 años íntegramente, ya que no se le aplicarían beneficios penitenciarios. ¿Por qué no está en la cárcel un sujeto que debería tratar su cáncer al igual que el resto de presos comunes? ¿Por qué la Audiencia Nacional no ha dictado prisión incondicional en un centro penitenciario y no en su vivienda de Mondragón? Los tribunales deben resolver de una vez por todas esta injusta situación de las víctimas del terrorismo.