Cuando el Tribunal Supremo está a la espera de recibir el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas de José Blanco y de su esposa, Isabel Mourenza, entre 2006 y 2011.

Cuando el Tribunal Supremo está a la espera de recibir el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas de José Blanco y de su esposa, Isabel Mourenza, entre 2006 y 2011, para determinar si el patrimonio del matrimonio justifica la compra y las obras de su chalet de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el ex ministro de Fomento en el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha entregado al juez que instruye el «caso Campeón», José Ramón Soriano, una serie de facturas con las que intenta demostrar que 100.000 de los casi 170.000 euros que costaron las reformas de la vivienda fueron pagados por el PSOE con cargo a la partida del Ministerio del Interior por motivos de «seguridad». Y ello, de acuerdo con las directrices de la Policía.

En el documento entregado al magistrado, según informó ayer la Cadena Ser, las obras estaban relacionadas con la seguridad y las abonó el partido con cargo a la partida de Interior para sufragar gastos de seguridad de los dirigentes de todas las formaciones políticas.

En relación con la adquisición de este inmueble, en diciembre de 2006, uno de los informes de la UDEF, entregado el 24 de septiembre del pasado año, sostenía que el pago de la vivienda se realizó mediante la entrega de tres cheques: uno, por valor de 224.528 euros, para la cancelación de la hipoteca, el segundo, de 1.039 euros, para hacer frente a los gastos de cancelación de la hipoteca, y el tercero, de 444.431,99 euros, para hacer frente a la cancelación de la misma. El precio declarado de la adquisición del chalet fue de 670.000 euros.

«Origen desconocido»

Sin embargo, la UDEF sostenía que el precio por el que se vendía era de 900.000 euros, por lo que «el precio declarado» es inferior al real, «existiendo un desfase de, al menos, 230.000 euros. Esta cantidad, en lo que constituye uno de los elementos clave del dictamen policial, fue abonado por los compradores «con fondos de origen desconocido, de los que disponía directa o indirectamente el comprador y que se ha hecho llegar al vendedor, empleando para ello una fórmula ajena al sistema empleado para financiar la casa (mediante cheque bancario)».

Por otro lado, la defensa de José Blanco, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, ha recurrido la decisión del instructor de la causa de pedir a la UDEF el informe sobre relación con un desfase en el proceso de compra de la mencionada vivienda.

En opinión de la defensa, la providencia del magistrado, dictada el pasado 22 de febrero, en la que acuerda recabar tal informe es nula, por la sencilla razón de que cuando la adoptó la instrucción estaba ya finalizada: «La instrucción ya está concluida, por lo que genera indefensión para las demás partes, que no pueden proponer ninguna diligencia». La decisión del magistrado de da por finalizada la instrucción fue confirmada hace apenas dos días, al rechazar el recurso de la Fiscalía.

La Policía «toma la manija»

En ese escrito, el abogado del ex titular de Fomento critica que la UDEF haya pedido los movimientos bancarios del matrimonio Blanco: «Estamos convencidos de que la Policía encontrará docena y media de diligencias que proponer después, a ver si esta vez tiene más suerte, y, en cualquier caso, tendremos que soporte la indignidad de ver en primera página e un periódico cuestiones que afectan a la vida privada». Las críticas a la mencionada unidad policial, según el citado medio, no acaban ahí, sino que, por el contrario, van más allá todavía, al afirmar que «por lo que se ve, ciertas unidades policiales han tomado la manija del procedimiento».

Tacha igualmente la labor de la UDEF de «prospectiva» por alejarse del origen de la investigación, que no era otro que el supuesto pago de 200.000 euros a Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones que se ha probado falso a lo largo de la instrucción.