Begoña Gómez dice al juez que no tuvo ánimo de lucro y descarga la responsabilidad en la Complutense

Begoña Gómez ha declarado por primera vez ante el juez Juan Carlos Peinado (en las dos anteriores comparecencias no lo hizo) y lo ha hecho para negar -según fuentes jurídicas- que actuara con ánimo de lucro en sus actividades académicas vinculadas a la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), una actuación por la que el magistrado le imputa un delito de apropiación indebida (además de los otros tres que le atribuye: tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional).

La esposa de Pedro Sánchez ha respondido solo a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, alrededor de 35 durante apenas media hora, durante la cual ha descargado cualquier responsabilidad -según esas mismas fuentes- en la Universidad Complutense, en particular en los vicerrectores encargados de supervisar su cátedra y en la Sala de Gobierno de la UCM.

Según ha puesto de manifiesto su abogado tras la comparecencia, Begoña Gómez ha trasladado al juez que "no intervino en ningún proceso de licitación pública", que "no se ha apropiado de ninguna marca" y que si firmó los pliegos de condiciones de los contratos para desarrollar el softaware fue "porque así se lo dijo la propia Universidad Complutense".

Aunque solo había sido citada en relación a la posible apropiación de esa herramienta digital para empresas, la esposa del líder del PSOE ha asegurado que "nunca conoció" las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, a quien recomendó por escrito, y que "nadie le pidió ninguna intervención" al respecto ni la llevó a cabo.

En cuanto a esa carta de recomendación, asegura que se trata de una carta modelo que firman también "grandes empresas e instituciones" que, se ha quejado su abogado, Antonio Camacho, no están imputadas por esto.

Gómez también ha rechazado las imputaciones de intrusismo profesional por no estar supuestamente habilitada para firmar los pliegos de condiciones y, según ha explicado, "todos los procesos de la Universidad Complutense son reglados" y en este caso, firmó los documentos porque recibió dos correos de la propia universidad para que así lo hiciera en su calidad de responsable administrativa de la cátedra.

Eso sí, ha hecho hincapié en que ella "no es catedrática", sino que simplemente dirigió una cátedra, poniendo de relieve que cobraba por sus dos másteres 15.000 euros al mes, insistiendo en que no tenía ánimo de lucro con esta actividad.

Begoña Gómez se ha referido asismismo a la marca TSC (Transformación Social Competitiva) que registró a su nombre, señalando en que "no existía antes" y que fue ella quien le propuso esta denominación a la UCM. En esa misma línea, ha defendido que inscribió las marcas "con conocimiento de la UCM" y que no se han utilizado fuera del ámbito universitario.

Y respecto al dominio de la web, afirma que fue la propia Complutense, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la que le remitió a las webs donde tenía que registrar ese dominio.

Según ha explicado su abogado, las reuniones en Moncloa con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, también imputado, "fue para poner en marcha la cátedra" en un momento, ha recordado, de pandemia. "Ella vive en Moncloa", ha reseñado.

Dado que la investigada ha dejado claro que solo iba a contestar a su abogado, ha apuntado, el juez Peinado no le ha formulado ninguna cuestión. Igualmente, ha precisado que no se ha referido en ningún momento a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que actuó como su asistenta en actuaciones profesionales.

De nuevo por el garaje

Como en anteriores ocasiones, Begoña Gómez ha accedido a los juzgados por el garaje para preservar su seguridad, una medida excepcional que avaló la decana de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, al apreciar "un posible riesgo para la integridad física" de la esposa del presidente del Gobierno. La decana accedía así a la petición de Moncloa, que alertó de la existencia de que la investigada debe afrontar "un ambiente hostil y de rechazo social evidente", que en otras comparecencias ha derivado en "interpelaciones" e "insultos" y "exhibiciones de diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada".

En la resolución en la que acordó la medida, la decana determinó que aunque el acceso a los juzgados debe realizarse normalmente "por las entradas comunes", puede permitirse la entrada por un lugar diferente cuando se aprecia "un riesgo para la seguridad, la vida o integridad física" de determinadas personas que "por su relevancia pública o por el interés mediático del procedimiento en el que comparecen" que así lo soliciten.

La tercera comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados se produce después de que el juez Peinado admitiese a trámite una querella de Hazte Oír contra la esposa de Pedro Sánchez por la contratación y posterior utilización del software para empresas que desarrolló en el marco de su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El instructor ve indicios de una posible apropiación indebida en el hecho de que inscribiese a su favor, como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, y en calidad de titular de la empresa Trasforma TSC, "la marca TSC Transformación Social Competitiva y, después, el "software" de la cátedra, "que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid".

Intrusismo profesional

Pero Gómez también ha comparecido para hacer frente a una imputación por intrusismo profesional, que habría cometido -según el magistrado- al elaborar "los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica, para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid". Peinado cree que la esposa del presidente "no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades" ni "estar cualificada técnicamente" para elaborar esos pliegos técnicos ni para conocer "científicamente" los requisitos exigidos a los licitadores. "Entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones, careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario, para la elaboración de dicho pliego", apuntaba Peinado.

Según la querella de Hazte Oír, la UCM contrató el desarrollo de una página web para empresas con el objetivo de captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC, una contratación que costó 60.500,00 euros. Ese software fue registrado por Begoña Gómez y llevó incluso a la universidad a dirigir un escrito a Peinado en el que le instaba a investigar una posible apropiación indebida.

Aunque en un principio el juez Peinado se negó a admitir la denuncia, Hazte Oír recurrió su decisión y finalmente la Audiencia Provincial instó al magistrado a reconsiderar su decisión al apreciar una vinculación de estos hechos con la investigación a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El abogado de la acusación popular, Javier María Pérez-Roldán, puso de relieve que por estos mismos hechos el juez ha imputado al rector de la UCM, Joaquín Goyache (a quien la esposa de Pedro Sánchez citó en Moncloa para proponerle la creación de ese máster que pasaría a codirigir tres meses después), habiendo interrogado también a dos testigos "vinculados al máster y a la cátedra": el vicerrector de Relaciones Institucionales, José María Coello, y su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, que supervisó el máster. Por si fuera poco, añadía, el empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado, ostentó "diferentes puestos en el máster TSC y en la cátedra TSC".