La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que se quiere impulsar desde la Fiscalía General del Estado de manera paralela con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) ha dado hoy su primer paso con la reunión que ha sostenido Álvaro García Ortiz con las tres asociaciones de los fiscales. En el encuentro se ha dejado en manos de estas organizaciones el planteamiento de las líneas maestras del nuevo texto y no se ha establecido un calendario cerrado ni límites temporales para sacar adelante el proyecto. Solo se ha fijado el 7 de mayo como fecha para un nuevo encuentro.

Todo está abierto y los términos del diálogo han sido muy generales en la reunión que este mediodía ha celerado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés.

Lo que sí ha dejado claro García Ortiz es que no hay límites de tiempo para planear la reforma y que el diálogo entre las partes se ha desarrollado de manera muy abierta y sin plazos perentorios. Solo se ha señalado el 7 de mayo para un nuevo encuentro para establecer una metodología de trabajo.

Es un trabajo que se dejará en manos de las asociaciones y sin intervención directa del fiscal general del Estado. Eso es, por lo menos, lo que se ha expresado de viva voz.Lo que sí se ha pedido a las tres organizaciones que representan a la carrera fiscal es que aprovechen las herramientas y recursos con las que ya cuentan en la Fiscalía, que les remitirá los trabajos y documentos elaborados con anterioridad para que puedan empezar a trabajar.Tampoco se ha señalado una lista de temas prioritarios.

Conscientes de que el planteamiento de esta reforma la ha propuesto el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que se desarrolle en paralelo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno quiere reimpulsar, los tres representantes de la carrera fiscal han puesto el acento en las demandas que consideran indispensables para que esta nueva norma cumpla suponga un avance a favor de los derechos y garantías que se deben dar a los ciudadanos.

Las asociaciones han puesto el acento en los retos que ya adelantaron a este periódico, como el necesario refuerzo de la independencia de la institución, del fiscal general del Estado y fiscales. Todo ello con vistas a que estos profesionales estén “blindados” frente a posibles injerencias y presiones que puedan venir de instancias superiores. La reforma, según explican a este periódico, debe perseguir consolidar un sistema claro y transparente de adjudicación de asuntos y mecanismos sólidos de contrapesos dentro de la carrera para que los asuntos no queden a merced de la Fiscalía General del Estado.

La reunión ha culminado de manera muy abierta, sin un calendario claro, sin plazos fijos para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y sin un listado de temas prioritarios planteados por la Fiscalía General del Estado. Algunos de los asistentes consideran que lo idóneo es comenzar por los temas más sencillos para avanzar poco a poco hacia los que pueden resultar más conflictivos.

Sin embargo, existen algunas dudas sobre el contenido definitivo del anteproyecto para reformar la Lecrim, una propuesta que impulsó el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y que su sucesora, Pilar Llop, dejó aparcado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el órgano de gobierno de los jueces aseguran a este periódico que el informe está bastante avanzado, que deja constancia de numerosos fallos de tipo técnico-jurídico y que, tras recibir la petición de Bolaños para que entreguen los antes posible su dictamen, han solicitado que aclare si el texto del anteproyecto ha sido objeto de mejoras.