La pasada semana se cumplió un año desde que las autoridades argelinas anunciaran abruptamente la suspensión del Tratado de Amistad que ambas administraciones firmaron en 2002 y el veto a las empresas españolas en el país norteafricano, como reacción al giro diplomático español en el Sáhara Occidental. Un boicot que ha causado ya pérdidas millonarias a los inversores y exportadores españoles, quienes desesperan ante la inhibición del Gobierno de España. Una situación en estos momentos sin visos de solución. A día de hoy, la única posibilidad favorable a los intereses españoles, como saben los empresarios y los responsables argelinos han dejado claro, es que el nuevo Ejecutivo que salga del 23-J rectifique el viraje de Pedro Sánchez en apoyo de Rabat en el Sáhara para regresar a la posición de neutralidad tradicional. «Si no hay vuelta a la situación inicial, si no hay marcha atrás por parte del Gobierno, el mercado argelino seguirá cerrado. Lo tenemos claro», afirma a LA RAZÓN un empresario español con más de una década de actividad en el país magrebí.

En un acto reflejo, el respaldo de Sánchez a Marruecos en el Sáhara Occidental –el presidente sorprendió a la clase política y la opinión pública al expresar en una carta dirigida al rey Mohamed VI y fechada el 14 de marzo de 2022 su apoyo del plan de autonomía de Rabat para el territorio– provocó la indignación de las autoridades argelinas. Las relaciones con Argelia quedaban heridas de muerte. El régimen militar, principal apoyo del Frente Polisario en su defensa de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara, censuró el giro español en una cuestión en la que tradicionalmente había mantenido una posición de equilibrio y no haber sido consultado por el Ejecutivo de Sánchez. El presidente del Gobierno definía la propuesta de autonomía para la excolonia española como «la base más seria, creíble y realista» para la resolución del largo contencioso saharaui.

Mes y medio después de que Argel retirara a su embajador de Madrid, las autoridades del país norteafricano anunciaban la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. El mismo día, aunque a través de la Abef (la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras), Argel anunciaba la congelación de todas las domiciliaciones de operaciones comerciales con las empresas españolas.

Jugando al despiste, la entidad anunciaba a finales de julio el levantamiento de las restricciones antes de que el Gobierno negara haber retomado la actividad comercial con España: el boicot era ya una realidad que se ha mantenido hasta el día de hoy. Además, la cooperación entre ambas administraciones en materia migratoria y de seguridad se encuentra desde entonces en niveles mínimos.

Un año después, los empresarios siguen denunciando la situación y pidiendo soluciones al Gobierno y la UE. «No hay derecho. Es injusto lo que estamos viviendo, no es que no haya solución, sino es que no hay ni interlocución con nuestras autoridades. Han renunciado a darnos información», lamenta a LA RAZÓN el empresario español Julio Lebrero, gerente de Aecomhel, empresa aragonesa dedicada a la fabricación de maquinaria de obra pública especialmente afectada por el boicot comercial argelino.

«Desde la administración hay un total desconocimiento de cómo funciona nuestro tejido empresarial, formado mayoritariamente de pymes, las dificultades y el esfuerzo que supone abrir y consolidar un mercado», dice. Las pérdidas globales para las empresas de nuestro país superaron los mil millones de euros a comienzos de la pasada primavera.

En el mismo sentido, el empresario Alfonso Tapia, CEO de Onmicrea Consultoría –firma especializada en las relaciones entre España y Argelia– explica que «el bloqueo comercial nos hace operar con muchísima dificultad y estamos esperando a que acabe, bien, como dicen en Argelia, con un cambio de Gobierno que modifique su postura en el Sáhara, o bien con una negociación que será sobre todo a través de la UE para volver paulatinamente a la situación de antes».

Incapacidad del Gobierno

Ante la incapacidad del Gobierno de revertir la situación, la única novedad para los empresarios españoles en los últimos meses es que han exprimido todas las posibilidades de sacar adelante sus negocios. Una parte de las sociedades españolas exportadoras habituales en Argelia trata de vender como puede sus productos en otros mercados, mientras que otros han deslocalizado su producción en otros países europeos como Portugal, Francia o Italia para así sortear –con el consiguiente coste– el veto de las autoridades argelinas.

Tapia destaca que «Argelia sigue presentando muchas oportunidades de negocio para las empresas españolas, somos países complementarios, y la proximidad de las elecciones presidenciales en el país hace que haya aún un dinamismo mayor, con nuevos proyectos públicos y privados. El interés por Argelia no ha decaído». «Además, la relación entre los empresarios de los dos países es muy buena, y hay mucha afinidad entre nosotros», explica el empresario español, quien lamenta además las ocasiones perdidas teniendo en cuenta el buen momento que vive la economía argelina en los últimos meses de crisis energética internacional.

Los damnificados se unen

Después de varias reuniones infructuosas con representantes del Gobierno, recientemente un grupo de empresarios españoles damnificados por el veto argelino se ha constituido en entidad para seguir haciendo presión a Madrid y Bruselas: la AECA (Asociación de Empresarios Afectados por la Crisis con Argelia) comienza su andadura con el respaldo de 20 sociedades españolas y sus promotores, con el gerente de Aecomhel, Julio Lebrero, como presidente de la entidad, esperan celebrar su puesta pública de largo en Madrid en los próximos días. Su objetivo último es presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado.

Entretanto, hace tiempo que ningún responsable del Gobierno de España se refiere ya en público a la crisis diplomática con Argelia. La última vez que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, mencionó el problema fue el pasado enero para admitir que se estaban produciendo negociaciones entre la UE y las autoridades argelinas, infructuosas como ha demostrado el tiempo.

De la misma forma, el régimen argelino da por amortizado a Pedro Sánchez desde hace meses –a finales de febrero el presidente Abdelmadjid Tebboune atribuía a Pedro Sánchez «el acto hostil» y «el paso en falso» aunque destacaba las «muy buenas» relaciones con el pueblo español– y espera que Alberto Núñez Feijóo se convierta en presidente tras las elecciones generales del próximo 23 de junio con la esperanza de que el líder del PP se desmarque con nitidez del apoyo de Sánchez a Marruecos.

Han transcurrido más de once meses desde la última vez que el político gallego se refirió públicamente a la crisis con Argelia, y entonces, a finales de junio de 2022, Feijóo admitió que «nada le gustaría más que reponer las relaciones con Argelia, un socio estratégico». Desde entonces, prudencia extrema por parte del candidato popular en relación con Marruecos y Argelia. La calma relativa que viven las relaciones de España con los vecinos del Magreb tras meses de turbulencias y la triple cita electoral han colocado el problema argelino en un segundo plano. A mes y medio de las generales, todo son incógnitas en el horizonte.

Ataques en los medios por la derrota del 28-M

No es ningún secreto que las autoridades argelinas confían en que Sánchez no sea capaz de volver a formar Gobierno. A falta de declaraciones oficiales, en los últimos días los medios de comunicación del país norteafricano –correa de transmisión de un régimen sin prensa libre– se cebaban con la figura del presidente por «la brutal derrota» del PSOE en los recientes comicios municipales y autonómicos. Las miradas de los medios argelinos se centran en Núñez Feijóo. De la misma manera, desde Marruecos confían en que, en caso de que los populares lideren el nuevo Gobierno, la posición española en el conflicto del Sáhara siga siendo la actual.