La amnistía llega al TC, que primero admitirá el recurso del Supremo

Tres meses después de su entrada en vigor el pasado 11 de junio, la Ley de Amnistía llega al Tribunal Constitucional (TC). La corte de garantías afrontará desde hoy mismo las primeras decisiones sobre la polémica norma, que ya acumula once recursos de inconstitucionalidad –impulsados por el PP y sus gobiernos autonómicos y por el Ejecutivo castellanomanchego de Emiliano García-Page– y tres cuestiones de inconstitucionalidad: una planteada por el Tribunal Supremo (TS) y dos más que, según fuentes del TC se han presentado ya por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sera la impulsada por el alto tribunal, precisamente, la que primero aborde el Pleno de mayoría progresista, cuya admisión a trámite se da por segura. Pero antes, los magistrados tienen que pronunciarse sobre la abstención de su compañero Juan Carlos Campo. El exministro de Justicia –que tramitó los indultos del «procés» y se mostró contrario a la amnistía– ha pedido apartarse, pero la decisión final está en manos del Pleno, que previsiblemente dará el visto bueno a su abstención, pese a que desde el bloque conservador del TC no lo tienen tan claro (aún fresca en la memoria la negativa del Pleno a la abstención de la magistrada Concepción Espejel, que pidió apartarse del debate sobre la ley del aborto al haber firmado en el CGPJ un informe que la consideraba inconstitucional).

Una vez fuera del debate el exministro Campo, previsiblemente, el equilibrio entre ambos bloques se estrecha (seis progresistas frente a cinco conservadores, tras la reciente incorporación al tribunal del exvocal del CGPJ José María Macías), lo que convertirá en decisivo el voto del presidente de la institución, Cándido Conde-Pumpido, que no quiere verse en la tesitura de su antecesor Manuel García-Pelayo, quien en 1983 fue determinante (su voto de calidad inclinó la balanza) para avalar la expropiación de Rumasa por el Gobierno de Felipe González.

En este primer paso, el TC admitirá hoy a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, que considera que la normativa contraviene la Carta Magna. La tramitación de este asunto, será, además, prioritaria. Después le llegará el turno, en el Pleno que se celebrará a partir del día 24, al pronunciamiento del Pleno sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP, una ponencia que ha asumido por turno el último en llegar, Macías.

Pero en esa sesión, antes de admitirlo el Constitucional ha de resolver las recusaciones planteadas por los populares, que quieren apartar del debate sobre la amnistía no solo a Campo (que una vez se admita su abstención en la cuestión planteada por el Supremo será apartado en cascada del resto de asuntos sobre la medida de gracia), sino también al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada progresista Laura Díez, ex alto cargo en Moncloa. Ninguno de los dos, según las fuentes consultadas, tiene intención de abstenerse motu proprio, por lo que la decisión queda en manos del Pleno.

Tampoco tiene en mente abstenerse Macías, quien se pronunció en contra de la amnistía como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque por ahora, a diferencia de los tres citados no ha sido recusado.

A diferencia de lo que ocurrió al resolver los recursos de amparo de los condenados por el fraude de los ERE, cuando la vicepresidenta Inmaculada Montalbán asumió todas las ponencias, en este caso –al tratarse de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad– se ha designado un ponente para elaborar cada resolución. Habrá por tanto, conclusiones contradictorias que se unificarán por aplicación de doctrina en cuanto haya una primera sentencia, sea en el sentido que sea.

Lo mismo ocurrirá con los recursos de inconstitucionalidad con el remite de las autonomías gobernadas por el PP que han recusado a Conde-Pumpido, el exministro Campo y Laura Díez. Lo que se decida al respecto antes de admitir el recurso del PP se aplicará respecto a las recusaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia. Ni Aragón ni Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia han recusado a ningún magistrado.