«Ellos tienen un lío y al final el lío nos lo montamos nosotros». Esta reflexión sale de un miembro de la Ejecutiva del PP con cargo autonómico y refleja con bastante proximidad la sensación que han dejado dentro del PP los movimientos políticos de uno y de otro lado de los últimos días.

En teoría, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el que tiene el lío por el cupo catalán, por la ruptura con Junts (los PGE tendrán que prorrogarse a final de año), por la ruptura con Podemos, por el distanciamiento con Sumar, por el caso Koldo y la imputación del ex ministro José Luis Ábalos, por la situación de su mujer, Begoña Gómez, o por lo que parece una próxima imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es un presidente colgado de un alambre, pero decidido a dar la batalla hasta el final con las mismas bazas que utilizó en la pasada Legislatura, el ataque a la derecha y el populismo social, aunque esta vez no tenga ni siquiera asegurada una mayoría para sacar ninguna de las propuestas fiscales, sociales o de financiación que ha anunciado.

Con una cumbre autonómica del PP bien guionizada, y con un potente documento en defensa de la igualdad, el partido de Alberto Núñez Feijóo se lió la pasada semana consigo mismo al dejar que la atención mediática y el debate político se dirigiera a hablar de Isabel Díaz Ayuso y de si los presidentes autonómicos irán o no a hipotéticas reuniones con el presidente del Gobierno. Mientras que Sánchez consiguió sacar adelante un Comité Federal sin mas voces discordantes que las que en Moncloa ya dan por amortizadas, las de Emiliano García Page y Javier Lambán.

En cualquier caso, todo esto es fuego de un día, y donde se jugará de verdad la partida política en el próximo trimestre será en el Congreso, y también en el ámbito judicial. En el Parlamento, la ventana de oportunidad de la oposición está en el reto de conseguir armar una alternativa fiscal y económica que pueda salir adelante contra el criterio de la izquierda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la reunión del Comité Federal para explicar que gobernará con o sin el Legislativo. Pero hasta ante esta posición política sin precedentes hay matices decisivos. No es lo mismo gobernar sin el Legislativo que gobernar teniendo al Legislativo en contra. O dicho de otra manera, con esa mayoría alternativa que sumarían eventualmente PP, Vox y Junts (el PNV parece bastante ajustado a la línea socialista) funcionando de manera efectiva para cambiarle el guion al Gobierno.

PP y Junts tienen un canal efectivo de diálogo, mientras que con el PNV la relación está estancada. Esto es importante ante el anuncio del Gobierno de que presentará los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Al ser proyecto de ley del Gobierno, las enmiendas de totalidad pueden ser de devolución, sin texto alternativo, simplemente con una breve exposición de motivos y un «petitum» simple, que se devuelva el proyecto al Ejecutivo. Las enmiendas prosperarían si obtienen más «síes» que «noes»: PP, Vox y Junts. Y lo mismo con las reformas fiscales. La impresión en el PSOE es que los PGE acabarán siendo prorrogados a finales de este mismo año.

Entre los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en el arranque del nuevo curso político está el anuncio de que volverá a presentar la próxima semana en el Congreso la senda de déficit, antesala de los Presupuestos. La anterior la tumbó la mayoría del Parlamento. Hacienda también trabaja en nuevas alzas fiscales a fondos, depósitos o diésel (está en línea con lo que defiende Sumar). Y han hablado de seguir penalizando el impuesto a las grandes fortunas y beneficios: Sumar pide su extensión a las grandes herencias, así como eliminar con «agujeros» en el impuesto de Sucesiones y eliminar la exención del IVA, por ejemplo, para viviendas turísticas, universidades privadas y el diésel.

Moncloa quiere poner sordina a la conversación sobre el cupo catalán, que va en contra de sus intereses por la vía de recuperar el mensaje anti ricos y anti grandes patrimonios y a favor de los trabajadores. Y aunque no pueda conseguir sacar adelante ninguna iniciativa por la fragmentación del bloque de legislatura, tiene comprobado que es una estrategia que le funciona y que, en todo caso, a corto plazo, le puede ser útil para distraer la atención de Cataluña. Pero incurriendo en una contradicción de libro porque vuelve a erigirse en el «Robin Hood» español del reparto de la riqueza mientras que, por otro lado, el pacto con ERC para la investidura de Salvador Illa incluye más privilegios para una comunidad que está en el grupo de las más ricas de España.

El debate de los impuestos es un «main stream» para tapar otros puntos de debilidad, y hasta en Cataluña el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha tomado el camino de Madrid. La primera medida económica que ha anunciado el nuevo Gobierno catalán ha sido endurecer la fiscalidad del Hard Rock Café, el gran proyecto de juego, turismo y ocio en Tarragona, que en teoría supondría una inversión de 2.000 millones. La subida fiscal es del 10% al 55%. Esta elevación de la fiscalidad pone más que en duda la viabilidad de este proyecto. El president también ha acordado con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aumentar el impuesto turístico a los cruceros de corta estancia.