El acuerdo de 2020 del Senado que ahora mismo impide devolver la Ley que libera a etarras al Congreso

La reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales, que puede acelerar la salida de prisión de más de una cuarentena de etarras, se halla ahora mismo al borde de su publicación en el BOE y, por tanto, al borde de su entrada en vigor, salvo que la oposición al Gobierno formada por PP y Vox sea capaz de encontrar una vía jurídica que ralentice o impida su aprobación final. Tanto PP como Vox se hallan ahora mismo estudiando fórmulas jurídicas que, como mínimo, pueda devolver la Ley al Congreso y eso permita ganar todavía más tiempo u obligue al Gobierno a retratarse en la Cámara Baja y reafirmar su apoyo a los beneficios para 44 etarras.

En este sentido, un acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces del Senado el 10 de marzo de 2020 recogía cómo debe proceder la Cámara Alta en caso de que el Pleno rechace una ley procedente del Congreso sin haber introducido enmiendas o vetos. El acuerdo es muy claro: "En los casos en los que, en la votación del resto del dictamen, el resultado sea de rechazo del mismo: si no se hubieran aprobado enmiendas, la Presidencia declarará que 'Sin perjuicio del resultado de la votación inmediatamente anterior, como el Senado no ha opuesto veto ni introducido enmiendas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto o proposición de ley'". Es decir, ese texto indica que, por mucho que PP y Vox se opongan el lunes a la Ley con su mayoría, el texto quedará listo para entrar en vigor.

Por tanto, una de las vías que pueden explorar tanto PP como Vox, en la Junta de Portavoces, es modificar este acuerdo para que, por lo menos, la ley pueda regresar al Congreso y sea debatida y votada nuevamente: en este sentido, eso permitiría "retratar" al Gobierno. Sin embargo, también cabe ver qué alcance tiene este acuerdo porque hay fuentes parlamentarias que señalan que proviene de la Sentencia del Tribunal Constitucional de Ses Salines, de 2002, por lo que es difícilmente modificable. No obstante, también matizan que en el "caso Ses Salines", hubo contradicción de votaciones entre la fase de tramitación (donde se votó a favor) y el Pleno (donde se votó en contra). En cambio, en el caso de ahora, durante toda la tramitación en el Senado, se va a producir una sola votación, que es la del Pleno, y, según fuentes parlamentarias, eso se puede interpretar como un equivalente al "veto".

El Senado se reunirá el lunes a las 12 horas en Pleno para debatir y votar la ley: cabe recordar que, por Reglamento, la Cámara Alta tiene tan solo 20 días para dar trámite a un proyecto de ley, por lo que, como máximo, el 14 de octubre debe celebrarse la sesión parlamentaria.