Ábalos, señalado por el Tribunal de Cuentas: él autorizó el primer contrato del "caso Koldo"

El Tribunal de Cuentas señala directamente a José Luis Ábalos, en su rol de ministro de Transportes, como la persona que aprobó el primer contrato del "caso Koldo" que investiga la Audiencia Nacional (AN), una trama urdida presuntamente para obtener comisiones de los contratos millonarios que se adjudicaron en plena pandemia por el procedimiento de urgencia y sin publicidad, dada la necesidad de la crisis por el Covid-19. Este contrato, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que recoge el auto de la Audiencia Nacional (AN), fue el que le abrió las puertas a las otras ocho adjudicaciones que están bajo sospecha.

"El Ministro, como autoridad delegada, ordenó la adquisición centralizada de un máximo de 8.000.000 de mascarillas de protección FFP2 por parte de Puertos del Estado acogiéndose a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, para su posterior distribución en el ámbito del transporte", señala el documento titulado "Informe para la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público empresarial no financiero". En él se detallan losaspectos de la contratación de emergencia de 33 entidades públicas que celebraron 413 contratos tramitados por un importe de 142 millones de euros (IVA excluido). Entre ellas, Puertos del Estado.

Tal como ya adelantó LA RAZÓN, el informe del Tribunal de Cuentas, aprobado por el Pleno en octubre de 2022, ponía la lupa en las irregularidades que se cometieron en el primer contrato de Puertos del Estado, dependiente de la cartera que lideraba José Luis Ábalos.

Se trata del sexto informe de los siete programados por este organismo ya se ponía de manifiesto que Puertos del Estado contrató con una empresa sin comprobar su solvencia técnica y sin que hubiera celebrado contratos con el sector público previamente. Encaja con el caso de Soluciones de Gestión, la sociedad que la Fiscalía vincula con Koldo García, el exasesor de Ábalos cuando era ministro de Transportes y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Puertos del Estado “no dejó ningún tipo de constancia sobre capacidad o solvencia técnica del adjudicatario de uno de los dos contratos analizados, respecto al que tampoco constan antecedentes de haber contratado previamente con el sector público”. Y destaca otras prácticas o requisitos que se saltó por la tramitación de urgencia de las adjudicaciones. Tampoco publicó la adjudicación "de uno de los dos expedientes analizados” en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Antes de contratar con la empresa Puertos del Estado, dependiente de Transportes, Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de la trama, nunca había sido proveedora del sector público, según el documento del Tribunal de Cuentas. De los dos que formalizó la mercantil con Transportes y que se están investigado solo aparece el segundo, adjudicado por Adif, pero no el primero.

De acuerdo con la querella de la Fiscalía Anticorrupción, este contrato habría sido la puerta de entrada para la empresa del “caso Koldo” a otras adjudicaciones. El primero de los nueve contratos que están bajo sospecha es el adjudicado el 21 de marzo de 2020 por Puertos del Estado (ente público empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), para el suministro de mascarillas profilácticas por un valor de 20 millones de euros. LA RAZÓN ha buscado información sobre este contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público y no figura en ella.

El Tribunal de Cuentas confirma que Puertos del Estado no solicitó otras ofertas para adquirir mascarillas, algo que permite la tramitación de emergencia. Sin embargo, otras entidades, como Adif y Correos, sí lo hicieron. Además, en el contrato "no aparece consignada la firma del adjudicatario” y la empresa pública solo comunicó uno de los dos expedientes al Consejo de ministros. Lo que sí cumplió fue el plazo de ejecución, de un mes, como fija la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP).