2024 judicial: el año de la amnistía y de la renovación (o no) del CGPJ

El año que ahora comienza estará sin duda marcado en el mundo judicial por una palabra: amnistía. 2024 verá entrar en vigor la polémica medida de gracia, que abrirá la puerta al regreso de Carles Puigdemont. Los jueces y tribunales con causas abiertas, o incluso sentenciadas, serán los encargados de dar carpetazo a todas esas investigaciones, rubricando en el plazo de dos meses esa impunidad de más de una década respecto a todo lo que tenga que ver con el proceso independentista en Cataluña. Un escenario que permite atisbar nuevos episodios de enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, en la medida en que los jueces que cuestionan la amnistía acudan a la Justicia europea –una vez desactivada en la ley de amnistía la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) – para paralizar cautelarmente su aplicación.

Será, también, el año de las comisiones de investigaciones convocadas al amparo de las denuncias de «lawfare» que alienta el independentismo –prohijadas por el PSOE en su acuerdo con Junts para hacer presidente a Pedro Sánchez–. Y pese a la oposición del Gobierno y del fiscal general, y al rechazo unánime de las asociaciones judiciales, habrá que ver si finalmente jueces y fiscales son citados a declarar para revisar sus decisiones en aquellas causas a las que el soberanismo catalán ha colgado el cartel de «lawfare» (judicialización de la política).

Debe ser también (o no) –en esto, tras cinco años de bloqueo, se impone la máxima cautela– el año de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un ahora o nunca en el que la mediación de la Comisión Europea exigida por el PP debe actuar como una suerte de bálsamo de Fierabrás que ponga fin al bochorno político e institucional que supone que el órgano de gobierno de los jueces lleve más de un lustro con el mandato caducado.

Nombramientos judiciales pendientes

Si finalmente el Consejo pasa página a esta etapa insólita, se abrirá además de par en par la puerta para empezar a remediar el «estropicio» judicial (el copyright es del dimitido expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Lesmes, aunque hace unos días lo enarboló el ministro Félix Bolaños para achacárselo al PP) que supone la acumulación de casi 90 vacantes sin cubrir en la cúpula judicial. Tantas como las que se han producido (con el Tribunal Supremo obligado a sobrellevar la merma de un tercio de su plantilla) desde marzo de 2021, cuando el Gobierno apresuró una reforma legal que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. Una iniciativa con la que PSOE y Podemos confiaban en forzar al PP a sentarse a negociar el relevo en el Consejo del Poder Judicial.

Si esa ansiada renovación del CGPJ está todavía erizada de interrogantes –la moción de censura para entregar la Alcaldía de Pamplona a Bildu ha sido la última china en el zapato de los populares–, lo está aún más si cabe la reforma que debe llevar anudada ese acuerdo entre los dos principales partidos. La modificación legal que garantice que los jueces eligen a los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial –que reclama Europa con insistencia– debería ponerse en marcha a renglón seguido, pero el Gobierno no parece estar por la labor y el PP, que no se fía de Pedro Sánchez, no quiere incurrir en el tancredismo de pactar la renovación para comprobar después que, como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual. De ahí su empeño en que la Comisión Europea supervise la escena del sofá entre Sánchez y Feijóo y actúe como una especie de fedatario público que garantice que los acuerdos no queden en papel mojado.

La imputación de Puigdemont

Pero la omnipresencia del «procés» y sus consecuencias judiciales no solo estará en Europa muy presente en el Tribunal de Justicia, al que recurrirán los jueces que entiendan que la medida va en contra del derecho de la Unión en materias como la lucha contra la corrupción y el periodismo, paralizando la aplicación de la amnistía respecto a esos procedimientos hasta que el TJUE resuelva sus dudas, una resolución que puede demorarse meses. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también tiene sobre la mesa una decisión trascendental para la Justicia española: avalar o no la supuesta vulneración de derechos fundamentales que alegan los condenados en el juicio del «procés». Con la amnistía previsiblemente ya en vigor, más allá de sus efectos prácticos un fallo condenatorio supondría un sonoro varapalo para el Tribunal Supremo.

Una de las causas que la Justicia Europea mirará con lupa la resolver las previsibles cuestiones prejudiciales contra la amnistía será que tiene a Tsunami Democràtic en el punto de mira –la única beneficiada por la medida de gracia, junto a la que debería llevar al banquillo a los doce integrantes de los CDR, en la que se investigan delitos de terrorismo. Y sobre este procedimiento, el alto tribunal debe explicitar un pronunciamiento de calado: la posible imputación de Carles Puigdemont, avalada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, por su supuesto papel dirigente en la plataforma que impulsó en otoño de 2019 las acciones de protesta contra la sentencia del «procés», entre ellas la toma del aeropuerto del Prat y el bloqueo de la AP-7 en la Junquera. Habrá que ver, en todo caso, si el Supremo mueve ficha antes de la entrada en vigor de la amnistía. De otro modo, el archivo de la causa dejaría esa incógnita en el aire.

La imagen de la puesta de largo de la amnistía será, sin discusión, la imagen de Puigdemont de vuelta a España más de cinco años después, no para ser detenido y conducido ante el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», sino escenificando como ningún otro el borrón y cuenta nueva que impone la amnistía.

Suspense sobre las cautelares

La futura ley obliga a los jueces a dejar inmediatamente sin efecto las medidas cautelares acordadas (sobre el expresident pesa una orden nacional de detención), incluso si la causa quedase paralizada por el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE. Pero habrá que ver cómo se produce, en la medida en que algunos jueces entienden que, al ser parte indisoluble del ejercicio de su función jurisdiccional, esas cautelares quedarían paralizadas también a la espera del pronunciamiento europeo. Algo similar podría pasar ante una posible reactivación de las euroórdenes antes de la entrada en vigor de la amnistía al tratarse de la aplicación del derecho europeo.

En las primeras hojas del calendario judicial, no obstante, la atención mediática se desplazará a dos protagonistas muy dispares: la futbolista internacional Jenni Hermoso, que declara hoy en la Audiencia Nacional por el «caso Rubiales», y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, cuyo juicio por el origen de su patrimonio se reanuda el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Tras los varapalos del Supremo a la política de nombramientos de la Fiscalía General –anulando por dos veces la designación del fiscal de Menores y alertando de desviación de poder en el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala–, el alto tribunal tiene que pronunciarse ahora en relación a la elección de la exministra de Justicia como fiscal de Memoria Democrática, también recurrido.

Otra cuestión que continúa sobre la mesa es la resolución de la petición de indultos de los condenados a prisión por el fraude de los ERE. El Supremo tiene que aclarar ahora a la Audiencia de Sevilla quien asume el informe judicial sobre la medida. El expresidente andaluz José Antonio Griñán, en todo caso, tiene paralizado su ingreso en prisión por motivos de salud.

2024 vivirá también el cada vez más lento goteo de rebajas de condena a agresores sexuales en aplicación de la ya modificada ley del «solo sí es sí» (1.233 y 126 excarcelaciones según el último recuento).

No será este tampoco el año del juicio a la familia Pujol –enredado el cierre de la causa en el interminable expurgo de datos íntimos del sumario–, lo que aleja cada vez más la imagen del expresident (que cumplirá 93 años en junio) en el banquillo.