La ley trans, aprobada en el Congreso con la abstención de Carmen Calvo

Podemos ha aprobado una de sus leyes más icónicas en la carpeta de Igualdad: la ley trans. Y lo ha hecho saliéndose con la suya, después de derrotar al PSOE en la pugna por establecer hasta qué edad se podía tramitar el cambio de sexo en el registro sin autorización judicial: finalmente, será a partir de los 14 años, aunque los socialistas pretendían elevarlo a los 16 años. Finalmente, han renunciado porque no han obtenido apoyos suficientes. La norma ha salido adelante con los apoyos de 188 diputados (PSOE, Podemos, ERC, JxCat, Más País, Compromís, PNV, Bildu, Coalición Canaria, Teruel Existe y CUP) y el rechazo de 150 parlamentarios (PP y Vox, entre ellos), pero con la significativa abstención de Carmen Calvo, que siempre ha mostrado sus reticencias con esta ley por la “inseguridad jurídica” que genera.

Pero el choque entre PSOE y Podemos no ha sido la única polémica. La tramitación de esta ley también ha estado rodeada de controversia por su tramitación, ya que ha seguido un curso parlamentario eludiendo la comparecencia de los expertos ante un tema tan delicado. Tanto es así que no ha comparecido nadie a pesar de las reclamaciones del PP, que se vio obligado a organizar unas jornadas paralelamente a la tramitación para dar voz a muchos expertos (desde médicos a filósofos o psicólogos) y, algunos de ellos, referentes históricos del PSOE, como Amelia Valcárcel, alineados también con las posiciones de la propia Carmen Calvo. En este sentido, en esas jornadas, la diputada popular Carmen Navarro ya advirtió de que seguirán dando la lucha contra esta ley pese a su aprobación.

Ayer mismo, durante la celebración del debate, la diputada del PP, Rosa Romero, defendió la necesidad de proporcionar “instrumentos legales que apoyen a los adolescentes con disforia de género” y sostuvo que hay que luchar por la no discriminación y contra el acoso a las personas LGTBI educando “en el respeto y en la inclusión”, pero “con leyes que den seguridad”. “Esta ley es tremendamente intervencionista, sancionadora, cargada de una ideología sectaria que la mayoría de los españoles rechaza y desprotegerá a las personas que debería proteger”, afirmó Romero en el debate, quien advirtió del principal riesgo que tiene sobre los menores. “¿Qué pasará cuando un menor en plena adolescencia se someta a una terapia o a un tratamiento de cambio de sexo, que será irreversible, y más adelante se arrepienta? ¿Saben quién va a pagar estos errores de esta ley? En palabras de la presidenta de la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia de Género, los errores de esta ley los van a pagar los cuerpos de nuestras hijas”, resumió.

La diputada del PSOE, Andrea Fernández, dio evidentes muestras de la tensión que ha tenido esta tramitación al asegurar que su partido “quiso imaginar una ley mejor”. “Quisimos dibujar de una forma más garantista los derechos que se reconocen en esta norma. Apostamos por generar un marco más perfecto, más seguro y jurídicamente más robusto”, señaló, en referencia, precisamente a la enmienda de los menores de 16 años. “Señorías de Unidas Podemos, debo decirles que es absolutamente desacertado acusar a mi partido de pactar con la derecha un retroceso en derechos LGTBI”, afirmó Fernández.

El meollo de esta ley es la autodeterminación de género: a partir de ahora, el cambio de sexo será mucho más fácil que hasta el momento ya que las personas trans podrán modificar su sexo sin filtros médicos (informe y superar dos años de hormonación). Ahora, tan solo se requerirá autorización judicial hasta los 14 años; entre los 14 y los 16, tan solo autorización de los padres. A partir de los 16, ya hay libertad. El trámite, además, será muy simple: una vez se solicite el cambio de sexo, tan solo se tendrá que repetir la petición tres meses después para confirmarlo.

Además de esta medida, la ley, que pasa ahora al Senado, también permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana y se permite a las parejas de mujeres que sus hijos consten en el registro sin necesidad de casarse, ya que hasta ahora solo podía hacerlo el progenitor no gestante.