Moncloa dilata el «retoque técnico» en la Ley del «solo sí es sí»: «No hay jurisprudencia firme»

Siempre en estado de espera. El Gobierno se mantiene a la expectativa de las revisiones que, a cuentagotas, el Tribunal Supremo va haciendo de las sentencias a agresores sexuales en virtud de la Ley del «solo sí es sí». Los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de coalición incorporaron el martes un párrafo en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal para «facilitar la interpretación» de la Ley de Libertad Sexual, entre otras, por parte de los jueces. Un «llamada de atención» a los tribunales y un trampantojo reactivo que solo demuestra su incapacidad legislativa –dado que el citado párrafo no tiene rango normativo– ante las rebajas de penas que se están efectuando a los condenados por delitos tan graves al amparo de la ley estrella del Ministerio de Igualdad.

Fuentes gubernamentales reconocen que la aplicación de la norma se aleja de manera abismal del espíritu de la misma y el Gobierno ha querido dejar clara «la voluntad del legislador». En Moncloa se enfrentan a una doble disyuntiva. Por un lado, a las resistencias de Irene Montero a modificar la ley, pues los morados mantienen, todavía a día de hoy, que la norma no tiene tacha alguna y que la responsabilidad de los efectos perversos que está provocando se ubica en el ámbito judicial, por su interpretación «reaccionaria», y no en el ámbito ejecutivo, por las lagunas en la redacción.

Por otro lado, en el Gobierno son conscientes de que retocar la norma, apenas tres meses después de su entrada en vigor, supone el reconocimiento de un fracaso político y de solvencia técnica legislativa. Por ambas razones, la necesaria connivencia de Igualdad y la autoenmienda obligada, el Ejecutivo está dilatando al máximo la toma de decisiones. Fue el propio Pedro Sánchez quien, durante el acto del Día de la Constitución, reconoció que el Gobierno se abría a hacer un «retoque técnico» a la ley en caso de que el Tribunal Supremo se pronunciase ratificando las rebajas de penas –que ya ascienden a más de medio centenar–.

En los planes del Ejecutivo estaba marcado en rojo en el calendario el fallo definitivo sobre el «caso Arandina». Tanto, que si la decisión se hubiera producido la semana pasada, hubieran utilizado las enmiendas a la reforma del Código Penal – sobre la derogación de la sedición, entre otras cuestiones– para introducir los cambios, pero anticipando que se retrasase, ya avanzaban que utilizarían cualquier norma con rango de ley orgánica –citando expresamente la de Bienestar Animal como ejemplo– para hacer la modificaciones pertinentes en la Ley del «solo sí es sí».

La sentencia definitiva del Supremo sobre el «caso Arandina» se produjo ayer y lo hizo –en los términos ya adelantados en el fallo– no solo avalando la rebaja de penas, sino advirtiendo de que deberá producirse una revisión completa de todas las sentencias y los casos que se estén juzgando. Pese a ser el pronunciamiento que necesitaban para activar los cambios en la Ley de Libertad Sexual, el Gobierno sigue arrastrando los pies. Fuentes gubernamentales señalan que, todavía, «esto no se puede considerar jurisprudencia firme», porque para hacerlo necesitan que haya al menos «dos sentencias en adelante» que se pronuncien en los mismos términos sobre el mismo supuesto. Las citadas fuentes aseguran que «Justicia sigue revisando sentencias» y, en concreto, «estudiando el caso de la Arandina».

La polémica de la Ley del «solo sí es sí» está generando efectos políticos perversos, más allá de los judiciales. La controversia sigue viva un mes después y junto con otras cuestiones controvertidas, como la malversación y la sedición, está desviando el foco de la acción ejecutiva del Gobierno. En Moncloa lamentan que el humo de todos los incendios prendidos impida marcar agenda en positivo y enfocar los mensajes en los buenos datos de gestión, como, por ejemplo, el dato confirmado del IPC que encadenó en noviembre cuatro meses sucesivos a la baja.