PSOE y ERC acuerdan rebajar las penas de malversación del “procés” a cuatro años de prisión

Finalmente, ha habido acuerdo entre PSOE y ERC para rebajar las penas por el delito de malversación y beneficiar a los independentistas condenados por el “procés”. En concreto, han pactado que el Código Penal recoja tres tipologías de malversación y en Esquerra han salido satisfechos porque consideran que tan solo la más leve es aplicable a las “conductas” del “procés”, por lo que podría beneficiar con rotundidad a todos los políticos independentistas condenados o procesados. No obstante, más allá de la opinión que puedan tener los republicanos, la última palabra está en manos de los jueces, que son quienes aplican las leyes. En todo caso, las penas máximas por el delito de la malversación “política” (la relacionada con el “procés”) bajan de doce a cuatro años de prisión.

Así las cosas, las tres tipologías de malversación que han pactado PSOE y ERC son las siguientes: la primera está vinculada al lucro personal y conlleva penas de hasta ocho años de prisión y veinte de inhabilitación en función de la gravedad de los hechos; la segunda, más leve, está vinculada a un uso temporal del patrimonio público para fines privados, con penas de hasta tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación; y, la tercera, está vinculada a dar a los recursos públicos una aplicación “diferente” a la que estuviera destinada (conocido como administración desleal y aplicable teóricamente al “procés”), con penas de entre uno y cuatro años de prisión e inhabilitación de dos a seis años de inhabilitación si “resultare daño o entorpecimientos graves del servicio al que estuviese consignado”.

Si no hay daño ni entorpecimiento grave del servicio público, las penas se limitarían a una inhabilitación de uno a tres años y multas de tres a doce meses: es aquí, este precepto, el que consideran en ERC que podría ser aplicable a los políticos independentistas, por lo que, ya habrían superado con creces el tiempo de inhabilitación.

Tanto si se aplican los tres años de inhabilitación o los seis por malversación, los responsables del “procés” podrían volver a la primera línea política para las elecciones autonómicas de 2025.

En cualquier caso, la reforma del Código Penal puede suponer un desgaste superior al esperado para el PSOE. Si la supresión del delito de sedición generó ya un gran terremoto político, la reforma para rebajar la malversación (delito por el cual también han sido condenados los separatistas) está amplificando con fuerza su eco. A las voces críticas de los barones socialistas, encabezadas por Emiliano García-Page y Javier Lambán, se ha unido el rechazo de Podemos. Aunque los reproches de Podemos albergan sus matices, también: en la formación morada hay diversidad de opiniones y hay quien es más proclive a rebajar las penas y hay quien no. Los comunes estarían dispuestos a apoyar la enmienda socialista, mientras que la dirección morada encuentra reparos jurídicos, por cómo puede ser aplicado el nuevo delito por parte de los jueces. Es por eso que, este lunes, a pesar de que se ha negociado en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos se ha negado a firmar la enmienda.

Más allá del beneficio penal que pueda suponer para los independentistas (criticado por barones socialistas), el principal temor que despierta la reforma de la malversación es que pueda beneficar a condenados por corrupción. El PSOE sí está de acuerdo con este cambio legal para tratar de desinflamar la política catalana, pero también quiere marcar perfil propio. Por eso ha optado por introducir cambios en la propuesta de partida de ERC.

Aún así, los morados, que no asumían el texto, tensionaron la negociación hasta el final. Su voto era crucial para que la enmienda saliese adelante y esa decisión del grupo parlamentario no llegó hasta media tarde. Unidas Podemos aseguró a primera hora de la mañana que no dejaría caer la ley al completo, pero se debatía entre facilitar o no que la enmienda con la que se pretende rebajar mínimamente la rebaja de penas propuesta por ERC. Unidas Podemos terminó votando a favor, a pesar de la sensibilidad para los morados –la bandera de la anticorrupción siempre ha sido enarbolada por ellos– de acabar con la herramienta con la que cuenta la justicia para hacer frente a la corrupción política. Mientras que en Moncloa aseguraban por la mañana que el texto estaba pactado desde primera hora de la mañana con ERC, la teatralización quedó patente. A media tarde llegó el pacto en el que se daba luz verde a rebajar de seis a cuatro años las penas máximas por el delito.

La rebaja del delito de malversación ha acabado dejando la imagen de la dificultad de PSOE y Unidas Podemos para entenderse en el Gobierno y en el Congreso. Los morados se desmarcaron de la enmienda transaccional que iban a presentar junto al PSOE en el Congreso de los diputados ayer, como acción gubernamental. Según los socialistas, su socio se alejó «por sorpresa». Así lo refrendaba la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que aseguraba haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión de los morados de no firmar la enmienda registrada, a pesar de que confirmaban que iban a votar a favor. Algo que en el PSOE fue visto como una contradicción. En el entorno socialista aseguran que Podemos sí estaba en la negociación y deslizaron que el giro de última hora obedece a las discrepancias internas que existen dentro del espacio morado, entre el ala que controla Yolanda Díaz y el que representa Podemos.