Moncloa-ERC: pacto hacia la consulta

ERC cierra balance de esta Legislatura y da por alcanzadas todas las metas que se había fijado con el Gobierno de Pedro Sánchez. La reclamación de la amnistía ha formado siempre parte del juego floral, igual que la mesa bilateral de negociación que pone a la misma altura al Gobierno de la Nación y a la Generalitat de Cataluña. Pero la verdadera batalla se jugaba en otro marco y el independentismo de Oriol Junqueras está más que satisfecho con el balance de este primer mandato de la coalición. La negociación de la derogación del delito de sedición y de la rebaja de la malversación lleva meses urdiéndose en la sombra, con implicación directa de Moncloa y de Junqueras, y también con la participación de Jaume Asens, por la parte morada.

El viernes solo se puso en escena la obra de teatro, escrita mano a mano, para tratar de confundir a la opinión pública con la liebre del nuevo delito de enriquecimiento ilícito. En verdad, Oriol Junqueras tenía razón cuando antes de que se cerrase el acuerdo presupuestario contaba a sus interlocutores que había un pacto, que el pacto tenía dos patas, sedición y malversación, y que, a partir de aquí, en lo que se pone ERC es en trabajar para tratar de ampliar su mayoría social, con la idea de que si Pedro Sánchez aspira a una nueva investidura y necesita sus votos, el precio a pagar será entonces la consulta en Cataluña.

De momento, Esquerra ha llegado a donde quería. Junqueras podrá concurrir a las próximas elecciones de 2023 si así lo desea y si no se tuerce la enmienda introducida en la reforma exprés del Código Penal para derogar el delito de sedición. Consigue también evitar penas de prisión para al menos doce ex altos cargos del partido independentista con causas abiertas o ya condenados. En la lista de posibles beneficiados se encuentra, además, el expresidente Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, junto con otros cargos de Junts y todo un rosario de niveles intermedios de la Generalitat catalana en años anteriores.

ERC tiene, además, la garantía de que podrá estirar la Legislatura catalana todo lo que le venga bien, y su intención es ganar el máximo tiempo que pueda porque, aunque esté en una minoría muy minoritaria en la Generalitat, cuenta con el seguro de vida que le ofrecerá el PSC si así lo necesita. El partido de Salvador Illa no entrará en el Gobierno porque eso sería mancharse demasiado para las expectativas que tiene puestas en las próximas elecciones generales y, más cerca, en las municipales de mayo, pero, de la misma manera que se cuajó en la sombra el pacto presupuestario, Esquerra y los socialistas catalanes también tienen un acuerdo implícito en el que el apoyo en Madrid tiene la contrapartida del apoyo en Barcelona.

De hecho, el pacto del PSOE con ERC es, a día de hoy, mucho más sólido y perdurable que el de la coalición de gobierno. Hay una comunidad de intereses que trasciende esta Legislatura y solo están en manos de los resultados en las urnas.

ERC, una vez ejecutada su agenda, necesita trabajar para que al PSOE le vaya lo mejor posible en las próximas elecciones generales. Ya se ha cobrado su última «pieza» y en esto sí tienen razón en Moncloa cuando sostienen que el ruido se apagará en enero. Está por ver si también la tienen cuando afirman que, para las elecciones de mayo, de la memoria de los españoles se habrá borrado ya la sedición y la malversación. Mientras que la consistencia de la alianza del PSOE con Esquerra únicamente depende de lo que decidan los ciudadanos en las urnas, el pacto del PSOE con Podemos está quebrado y en manos de Pablo Iglesias. Y, en este caso concreto, el ruido no se apagará con la llegada del nuevo año.

Destrucción jurídica y política

A ERC y a Podemos les suma el episodio de destrucción jurídica y política en el que han acabado ahogándose el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC). Con una responsabilidad principal del Gobierno, pero en un desastre en el que también tienen su parte de culpa el PP y los vocales del Consejo y magistrados del TC, ya que el órgano de garantías se ha doblegado a criterios de oportunidad política, dilatando sentencias en recursos cruciales. Es difícil de entender, por ejemplo, que todavía esté pendiente de resolver el recurso que tacha de inconstitucional la reforma del Gobierno de coalición que dejó en funciones al Poder Judicial

Es tal el despropósito conjunto que entre todos han conseguido distraer la atención del hecho de que las prisas de última hora por tomar el control de la mayoría progresista también afectan a ERC. Los candidatos propuestos por el Gobierno son el resorte necesario para que el Alto Tribunal esté en condiciones de ser comprensivo con las decisiones futuras que apruebe la mayoría en Cataluña. Y ahí entra la consulta que Junqueras se ha apuntado como siguiente meta.