La reforma del Código Penal exigida por ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, llegará al Congreso de los Diputados, pero no será una moneda de cambio en la negociación de las cuentas públicas, según advierte el Gobierno, aunque llega en un momento clave donde el Ejecutivo necesita allanar las tensiones con ERC, a pesar de que los republicanos no condicionarán las cuentas públicas.

La reforma del delito de sedición parece más alcanzable, a pesar de las resistencias iniciales enarboladas por el Ejecutivo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro su intención de acometer la reforma, pero relegándola en el tiempo, al entender que no había una “mayoría suficiente” para llevarla a término. En Moncloa argumentaban hasta ahora que no daban los números para llevar la reforma a la Cámara Baja, pero el debate estaba sobre la mesa, en estudio, para “ajustar la legislación a la de los países europeos”, según aseguraban en el Ejecutivo. Los números siguen sin dar, pero sí hay un compromiso verbal de trabajar en ello. Una cesión más a los independentistas, pues afecta directamente a los dirigentes fugados por el juicio del 1-0.

Así quedó ratificado con el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este mismo jueves -en tribuna y en respuesta a ERC- de que el Gobierno llevará al Congreso una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos. Sin mencionar la sedición, la ministra aseguró que “traeremos a esta cámara” la voluntad del Gobierno de “homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país”.

El Ejecutivo si quiso dejar claro que esta concesión no formará parte de la negociación presupuestaria, después de que desde ERC mencionara el delito de sedición. “La solución pasa por la política”, incidió el portavoz Joan Margall, instando al PSOE a decidir si está “con el 80% de la sociedad catalana” y el mandato de distintas organizaciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa o “está al lado del PP y Vox”. Ante esto Montero ha indicado que Sánchez “ha sido muy claro” respecto a su voluntad de homologar “la calificación de determinados delitos” para homologarlos con los estándares europeos.

Poco después, la propia ministra de Hacienda ha matizado sus palabras en la tribuna. Lo ha hecho después de que el PP mandara un mensaje al Gobierno advirtiendo de que si no renuncia a la reforma del delito de sedición romperá el pacto casi cerrado para renovar el Consejo General del Poder Judicial, según ha adelantado La Vanguardia. Así, en los pasillos del Congreso, la ministra ha rebajado sus palabras sobre la sedición y ha aclarado que el Gobierno llevará la reforma del Código Penal solo si tiene la mayoría para hacerlo: “Si se ha interpretado que estaba dando un paso más, para nada”, ha zanjado, para después apelar a la necesaria mayoría, que según ha repetido, todavía no existe, en el Congreso de los Diputados, para acometer la reforma.

Desde ERC venían advirtiendo que necesitaban estos gestos para dar el “sí” a las cuentas públicas. “Necesitamos que pasen cosas para poder negociar”. Es decir, generar un clima apropiado que pasa porque haya avances en la resolución del «conflicto», tal y como se comprometieron Gobierno y Generalitat en la mesa de diálogo. Así, aunque reconocían que rebajaban la exigencia de vincular las cuentas a la sedición, advertían que necesitaban más que buenas intenciones. De hecho, tienen una fecha en rojo en el calendario: 31 de diciembre. La reforma de los delitos tiene que estar sí o sí hecha antes de finales de año porque son conscientes que a partir de enero habrá poco que hacer con un año tan intenso electoralmente.