El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no se ha salido del guion que la Fiscalía Anticorrupción ya había dejado escrito el pasado mes de julio. El “caso Púnica” queda enfilado para juicio con sus principales protagonistas durante la instrucción al margen. Ni la expresidenta Esperanza Aguirre ni su sucesor Ignacio González se sentarán en el banquillo por la presunta existencia de una ‘caja b’ con la que el PP de Madrid financió parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011. El magistrado sí ha procesado al que fuera mano derecha de Aguirre, Francisco Granados.

En un escrito de más de 200 páginas con fecha de este viernes, García Castellón archiva la investigación para 71 personas y otras 3 empresas. Además de los expresidentes de la Comunidad de Madrid, también quedan fuera los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Vitoria y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

Se trata, por tanto, del fin de la instrucción de la pieza número 9 de este caso que llegó a ser el más mediático de toda la trama Púnica y en el que estuvo también imputada la expresidenta Cristina Cifuentes. Todas estas exoneraciones por hechos prescritos o por falta de pruebas dejan muy desinflada la causa que se inició en 2014 a raíz de una petición de información a Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales en el que se investigaba a Granados.

Durante estos años los investigadores han indagado en las campañas electorales, adjudicaciones públicas y contratos de reputación online para posicionar a altos cargos del PP en las redes sociales. El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro defendió que lo relativo a 2007 y 2008 estaba prescrito y ya estaba vencido cuando se citó a todos los investigados. En este argumento, que ha refrendado el magistrado, solo se salva lo relativo al 2011 para aquellas personas fueron citadas antes de septiembre de 2016. Y esa fecha es clave porque fue cuando el gerente del PP regional (y persona de confianza de Granados) Beltrán Gutiérrez presentó la contabilidad de esa campaña electoral en la cámara de Cuentas de Madrid y, por tanto, empezó a contar el plazo de la prescripción.

Por tanto, centrado en las elecciones de 2011, García Castellón explica que se desarrolló una operativa para ocultar los gastos reales de la campaña: la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas, si bien los costes totales que para el PP de Madrid ascendieron a 6.878.275,04 euros. La contabilidad “no respondía a la realidad de lo sucedido”, señala el escrito.

“Para ejecutar tal plan”, dice, se contactaba con “empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturaban bajo otros conceptos”. Detalla que o se alteraba el destino de lo declarado, o si era en metálico se hacían facturas falsas. Sitúa a Francisco Granados como la persona que recibía estas aportaciones ya fuera de forma directa o indirecta y, una vez entregadas, las registraba en una libreta negra relatando lo que se quedaba para él o terceras personas y lo que sí iba al partido. En todo este proceso participaba igualmente el administrador electoral Beltrán Gutiérrez, también procesado.

Sin embargo, no puede considerarse acreditada la participación de Aguirre porque, además de la prescripción, “lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora”. Tampoco se ha podido acreditar que ella tuviera conocimiento “ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”, en referencia a las empresas de Alejandro de Pedro, uno de los principales investigados. Tanto él como Beltrán Gutiérrez y Granados quedan como los cabecillas de este entramado de corrupción. Se sentarán en el banquillo igualmente Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás.