Las conversaciones preliminares que se iniciaron en el mes de julio han quedado en pausa la mayor parte del mes de agosto. Pero la cuenta atrás empieza a correr y todas las fuentes consultadas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguran que el partido se empieza a jugar ahora. Entre esta semana y la próxima los vocales prevén retomar los contactos para ponerse de acuerdo con los nombres de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les toca designar (los otros dos corren a cargo del Gobierno). La tarea no se antoja fácil. Algunos candidatos que estaban sobre la mesa antes de las vacaciones se han ido cayendo por el camino,pero un sector mayoritario confía en que habrá pacto.

«Supongo que esta semana nos pondremos todos en marcha», concreta un vocal. Los ojos están puestos en el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que, aunque votó en contra de la reforma del Gobierno que les obliga a elegir en un plazo de tres meses a los candidatos al TC, todos dan por hecho que llevará la batuta de las negociaciones. El acuerdo debe sortear dos barreras, una interna y otra externa. La primera tiene que ver con lograr la suma de los 12 vocales que hacen falta para que las designaciones salgan adelante. La segunda se basa en lograr que los propuestos quieran aspirar al órgano de garantías algo que, en los últimos días, no parece tan fácil sobre todo de cara al candidato conservador.

«Al que vaya del lado conservador va a que le den permanentemente», destaca una de estas fuentes. Si la renovación de este tercio del Tribunal llega a producirse completa con los dos nombres del Ejecutivo socialista la balanza se inclinará claramente hacia el lado progresista (siete magistrados a cuatro) al menos durante los próximos cuatro años. Tal y como adelantó LA RAZÓN, entre las quinielas que se hicieron en el mes de julio estaban los magistrados del Tribunal Supremo Antonio del Moral (Sala de lo Penal) e Ignacio Sancho (Sala de lo Civil), pero ambos han manifestado a algunos vocales su desinterés en este momento de su carrera profesional en acceder al órgano que vela por la Constitución. «No se puede dar por sentado que todo el mundo quiere ir al Constitucional», dice un miembro del CGPJ. «Está tan desprestigiado el Constitucional que hay gente solvente que no querrá presentarse», añade otra vocal en relación al reparto de los asientos entre PP y PSOE en la última tanda de nombramientos.

Algunos destacan que hace falta algún candidato de la Sala de lo Civil -una especialidad de la que adolece el TC ahora mismo- y señalan al magistrado del Supremo Francisco Marín. Otros subrayan las virtudes de escoger a compañeros jubilados con la carrera hecha y que, por tanto, no tengan tapujos a la hora de mostrar su sensibilidad en la silla. Así suena el recién jubilado Rafael Fernández Valverde, quien además ha sido miembro de este CGPJ, o la también retirada Milagros Calvo que fue la primera mujer nombrada para el Tribunal Supremo. Además, esto supondría no añadir más vacantes al Tribunal Supremo que ya se encuentra en una posición delicada con la falta de jueces.

El acuerdo entre el candidato que se designe por el bloque progresista parece menos reñido. El magistrado encargado de supervisar al CNI, Pablo Lucas, ha mostrado su disposición al cargo, aunque en la lista también aparecen Ana Ferrer, José Manuel Bandrés o Pilar Teso. No obstante, nadie da un nombre por seguro y algunos vocales llaman a la prudencia. «Dar nombres puede significar quemar a los candidatos», reclaman.

Si las llamadas empezarán estos días, el encuentro en persona con toda seguridad se producirá el próximo día 7 de septiembre cuando está programada la apertura del año judicial. Los candidatos de ambos sectores no descartan verse antes para consolidar una postura.

Hay un grupo de vocales que viene mostrando su oposición a que se produzca esta renovación, mientras el Poder Judicial sigue maniatado para hacer el resto de nombramientos en las cúpulas judiciales. Pero el cambio de tres vocales -Vicente Guilarte, Wenceslao Olea y Juan Martínez Moya- en el último pronunciamiento sobre la idoneidad del nuevo fiscal general del Estado,Álvaro García Ortiz, hizo anticipar un nuevo bloque que puede ser el que cambie ahora el TC. Con el voto de Lesmes las cuentas dan y la mayoría de los consultados por este periódico creen que la suma saldrá adelante. Ya sea por el «interés general» («ya basta con una anomalía como para tener otra más», dicen sobre la no renovación del CGPJ) o por «intereses particulares».

El pleno está fijado para el día 8 de septiembre aunque si las conversaciones encallan estas fuentes hablan de uno extraordinario el día 12 con todo el fin de semana por delante para cumplir con la fecha límite fijada por el Gobierno el 13.